A pesar de que la mayoría de las rutas de buses y microbuses que suspendieron el servicio durante cuatro días, por el paro impuesto por las pandillas, comenzaron a circular, ayer todavía había rutas que no sacaban sus unidades por miedo de que los motoristas sufrieran un atentado o porque no tienen dinero para pagar las extorsiones que les exigen las pandillas, según denunciaron gremiales.
La mayoría de los empresarios del transporte decidieron sacar sus unidades desde el jueves pasado, luego de que el gobierno se comprometiera a reforzar la seguridad en las unidades con más soldados.
De hecho, ayer se observó mayor presencia de militares en las calles de San Salvador.
Los vehículos militares blindados no dejaron de patrullar en aquellas zonas de mayor circulación de buses y microbuses.
El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, dijo ayer que el 97 por ciento de las rutas del transporte que paralizaron el servicio ya habían normalizado sus recorridos ayer. Esperaba que se normalizara por completo en horas de la tarde.
Reveló que el gobierno había decidido incrementar el número de militares de forma indefinida, para poder resguardar buses y microbuses del servicio colectivo.
Durante cuatro días, el transporte público tuvo que ceder a las amenazas de las pandillas y las unidades fueron guardadas por temor a represalias en contra de motoristas o la quema de los vehículos. De hecho, seis motoristas del servicio colectivo fueron asesinados, cinco solo el lunes pasado, y quemaron un microbús de la ruta 4.
Un día antes de la paralización del transporte, pandilleros incendiaron dos microbuses de la ruta 4 en Ciudad Delgado y asesinaron a dos motoristas.
A la crítica situación que vivieron los empresarios esta semana con el boicot al transporte público por parte de las pandillas, se les suma la preocupación de que varias rutas no tienen dinero suficiente como para pagarles las extorsiones a las pandillas.
El dirigente de la gremial ATP, Roberto Soriano, manifestó que algunas rutas no han podido reanudar el servicio debido a que no tienen el dinero para pagar el chantaje.
“Es lo mismo que una deuda en un banco, pero estos no cobran intereses, sino que matan”, ejemplificó Soriano.
Añadió que hay empresarios que deben entregar entre cinco mil y diez mil dólares.
“Es el pago normal que se hace a fin de mes, lo que deben dar los transportistas a las pandillas en concepto de extorsión”, dijo Juan Pablo Álvarez, de Rutas Unidas, para tratar de exponer cuál es la preocupación de agobia en estos momentos al sector.
Sostuvo que el monto del dinero por la extorsión que se le paga a las pandillas por parte del sector del transporte público depende de la cantidad de unidades que se tenga la ruta, lo que se traduce en miles de dólares.
La violencia ha acabado con la vida de 54 empleados y 34 usuarios del transporte público en el transcurso de este año, según cifras de la gremial Fecoatrans. Además se han registrado 31 personas heridas en 85 ataques contra unidades del servicio colectivo y los grupos delincuenciales han quemado tres microbuses.