Transparencia Internacional Capítulo El Salvador aplaude la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de hacer públicos los informes de declaración de bienes de los funcionarios de cualquiera de los Órganos del Estado aunque lo consideran un primer paso para alcanzar la transparencia en las entidades del Estado.
Para Roberto Burgos, Coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde (Funde-ALAC), es importante que también se pueda conocer el examen de la declaración de bienes de los funcionarios y además recomienda conocer una declaración de intereses financieros.
“No solo basta con que el funcionario declare qué patrimonio posee, así como sus familiares, también es necesario que declare los intereses financieros que tiene en sociedades, en la banca y otras unidades económicas”, sugiere Burgos tras conocer la decisión la Corte Plena con amplia mayoría el pasado 28 de julio.
Para Burgos, también se debe declarar y detallar la participación que haya tenido en otros negocios, en qué se desempeñaba laboral y económicamente antes de asumir un cargo público, lo que también vendría a sumar a la transparencia.
“Todos aquellos espacios de interés económico que habrían posibilitado que tuviera una objetividad razonables en el desempeño de su cargo, necesitamos saber también en qué negocios han estado sus familiares más cercanos, cónyuges e hijos, a manera de poder evitar que se oculten los capitales mal habidos”, recomendó Burgos.
Considera además que es necesario crear una institucionalidad que garantice que los salvadoreños puedan tener cada vez más acceso a información para que se dé un mayor escrutinio público de los recursos con los que cuenta un funcionario.
“Porque la administración pública no puede ser un empleo al cual lleguen a enriquecerse como funcionarios”, argumentó Burgos.
El coordinador de Funde-Alac también ve con buenos ojos la decisión de dar acceso a las declaraciones patrimoniales, siempre que se reserve por seguridad datos confidenciales como domicilio, placas de vehículos, números cuentas de ahorro entre otros.
Funde-Alac ha sido una de las instituciones que más énfasis ha hecho en que se dé a conocer este tipo de información, tanto que desde hace un mes han solicitado acceder a los exámenes a las declaraciones patrimoniales de los ex presidentes de la República, Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
“Hemos solicitado el examen de la declaración patrimonial (de los tres exmandatarios) para ver qué resultados tuvo la Sección de Probidad, al haber cumplido la obligación que le impone no solo la Ley de Enriquecimiento Ilícito, si no que también las mismas disposiciones que regulan su funcionamiento”, destacó Burgos.
Insiste en que lo importante de avanzar en ese punto radica en que se puede conocer si ha existido incrementos patrimoniales y de esta manera solicitarles explicaciones.
Diputados aprueban la medida de Corte Plena
Miembros de las diferentes fracciones legislativas reconocen que un mandato de Corte Plena debe cumplirse, además consideran que se debe tener en cuenta la confidencialidad de ciertos datos al momento de publicarlos, para que no puedan ser usados por criminales.
Para la diputada de ARENA Margarita Escobar, está bien que se aumente la transparencia con la información de funcionarios públicos haciendo accesible este tipo de datos.
“Pienso que es un paso más para la transparencia y para evitar la corrupción pública hecha por cualquier funcionario en cualquier Órgano del Estado”, acotó la legisladora tricolor.
El diputado Francis Zablah, del partido GANA, considera por su parte que se debe dar a conocer dicha información cuando sea necesario, pero matiza en que es un tema delicado que se expongan detalles patrimoniales de un funcionario público en una situación de inseguridad como la que vive el país.
Pero el diputado pecenista Antonio Armendáriz, tiene otro punto de vista sobre el tema: dar a conocer la información de la declaración de bienes solo en aquellos casos en los que a los funcionarios se les compruebe enriquecimiento ilícito; sin embargo reconoce que se debe acatar la orden de la Corte Plena.