Un periodista de televisión, dos agentes municipales, un niño y una señora embarazada, así como un grupo de jóvenes de Sonsonate, han sido víctimas de lo que se investiga como presuntos casos de abuso de autoridad o violaciones a los derechos humanos por la Policía y el Ejército en los últimos tiempos, algo que se creía superado con los acuerdos de paz de 1992.
Los vehículos del comunicador Ernesto López y de una señora que está encinta fueron tiroteados por retenes policiales en diferentes fechas, en tanto que un agente municipal y un niño murieron en supuesto fuego cruzado entre policías y pandilleros, según la versión oficial, y el otro agente municipal fue vapuleado tras supuestamente resistirse al arresto (ver casos en detalle en siguientes páginas).
La misma Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, máximo tribunal que tutela los derechos de los ciudadanos, debió hacer una audiencia especial para establecer qué ha ocurrido a tres jóvenes que fueron presuntamente desaparecidos a manos de soldados en Armenia, departamento de Sonsonate.
Para el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Julio Fabián, los abusos en los que se ven involucrados tanto policías como militares u otra autoridad estatal hacen retroceder al país 35 años.
Los abusos son “parte de un pasado que (ya) no se puede repetir”, dice con énfasis el legislador.
El pasado 22 de enero, el vicepresidente Óscar Ortiz declaró en una conferencia sobre los ataques de pandilleros contra policías y militares: “Cualquier miembro de la Policía Nacional Civil (PNC) que en cumplimiento de su deber en defensa de los ciudadanos, de su integridad, deba hacer uso de su arma de fuego, debe hacerlo sin ningún temor de sufrir consecuencias por ello”.
Es comprensible que las fuerzas del orden tengan que defenderse (en lo que va del año, casi 40 policías han sido asesinados estando en servicio o de licencia en sus comunidades), pero importante que estén conscientes de que no tienen una licencia para actuar al margen de la ley o para aplicar la regla de que “primero disparo y luego pregunto”.
Se consultó al ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, sobre los casos de supuestos abusos de autoridad por parte de agentes de la Policía y dijo que “la Inspectoría General de Seguridad Pública está pendiente de minimizar cualquier abuso que puedan cometer los elementos”.
El Ministro resaltó que “hay que entender que están ante una situación muy compleja y difícil, en donde la delincuencia arremete contra la humanidad de los agentes” y aseguró que se está trabajando por minimizar los malos procedimientos en los que se pueda caer.
Se pidió la versión de la Inspectoría sobre estos casos, a través del área de comunicaciones de la institución, pero dijeron que esta semana emitirían una posición.
Además, el pasado 23 de julio El Diario de Hoy solicitó información a la PNC respecto a las estadísticas y los casos en los que se han visto involucrados agentes policiales por supuestos abusos de autoridad o malos procedimientos. A la fecha la corporación no ha proporcionado la información solicitada.
También involucra a la Fuerza Armada
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) también ha denunciado un caso de supuesta desaparición forzada de tres jóvenes en el municipio de San José Villanueva, La Libertad, en el que hay seis militares implicados y procesados en el tribunal de Sentencia de Sonsonate.
Una resolución de la Procuraduría pide al ministro de Defensa, general David Munguía Payés, que investigue la desaparición forzada de los jóvenes José Fernando Choto, Óscar Oswaldo Leiva Mejía y Francisco Javier Hernández Gómez.
Los acusados por desaparición forzada de estas personas son el sargento Santos Manuel Corleto y los soldados Ronald Pozo, José Santamaría, Arely Esquina, Juan Ovidio Santiago García y Manuel de Jesús Santos Chávez.
Según la acusación, el 18 de febrero pasado, los militares se llevaron por la fuerza a cinco jóvenes en Armenia, Sonsonate.
Consta que los militares los señalaban de que eran pandilleros, pero posteriormente dos de ellos fueron liberados; sin embargo, Choto, Leiva y Hernández aún continúan desaparecidos.
En su resolución, la Procuraduría exige al ministro de Defensa que aplique las sanciones correspondientes a los militares implicados y cualquier otro involucrado sobre el cual tenga competencia, previo a la aplicación del debido proceso.
También exigió al jefe de la oficina fiscal de Sonsonate, Carlos Humberto Herrera Barrera, profundizar las investigaciones para establecer el paradero de los jóvenes y determinar la responsabilidad sobre las supuestas amenazas denunciadas por parte de familiares de las víctimas.
El Tribunal de Sentencia de Sonsonate aplazó, el pasado 24 de julio, por segunda ocasión la vista pública contra los militares acusados y reprogramó la misma para el 21 de octubre.
La suspensión obedeció a que el sargento Corleto y el soldado Pozo desistieron de su abogado particular y pidieron que la Procuraduría General de la República nombrara un defensor público.
Además, los soldados Santamaría, García, Santos y Esquina cambiaron de abogado particular. Los nuevos defensores de los implicados alegaron que no conocían el caso y solicitaron tres meses de prórroga para preparar sus argumentos. En el juicio se espera que declaren los 11 testigos de cargo que hay, cinco de ellos protegidos. No hay ninguno de descargo.
Familiares de los desaparecidos han presentado un recurso de hábeas corpus (mostrar a la persona) ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, con el propósito de que se obligue a la Fuerza Armada a que informe sobre el paradero de los jóvenes.
La Sala realizó una audiencia el 5 de julio para escuchar a los testigos y recibir pruebas documentales sobre la acusación en contra del sargento y los cinco soldados procesados.
Agente del CAM fue vapuleado por policías
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga la golpiza que recibió Aldo Alexánder Peña, agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador (CAM), de parte supuestamente de policías el 27 de junio.
El día que ocurrió el hecho del que lo acusan junto a otra persona, había participado en la marcha del orgullo gay.
Según las denuncias hechas por la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), Peña fue quien recibió una golpiza por su orientación sexual. Sin embargo, por este hecho se abrió un proceso judicial en contra de Peña, pues se dijo que él habría golpeado a un policía.
Tanto el Ministerio Público como del director de la corporación policial dijeron que abrieron una investigación.
Lo cierto es que estos son sólo algunos casos que revelan que autoridades estarían cruzando el umbral de un pasado que nadie quiere repetir.