El Tribunal de Sentencia de La Unión decidirá el 2 de septiembre próximo la suerte del exalcalde Heber Misael Flores Erazo y la del exconcejal José Armando Trejo, del municipio de El Carmen, quienes fueron enjuiciados por un supuesto desfalco de más de 550,000 dólares.
A los dos exfuncionarios municipales, Flores Erazo y Trejo, los procesaron en vista pública por los delitos de peculado (apropiarse de bienes públicos) y actos arbitrarios.
La defraudación por la que fueron enjuiciados asciende a 550,767 dólares, según la acusación presentada por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República.
Uno de los proyectos cuestionados es la construcción del parque municipal en El Carmen, por el cual los dos procesados habrían cancelado un exceso del monto original por más de 150,000 dólares.
También se les procesó en una vista pública por otro proyecto relacionado con la introducción de agua potable al cantón Olomega del mismo municipio.
Las investigaciones fiscales apuntan a que por el proyecto anterior cancelaron más de 399,000 dólares en exceso y de manera anticipada de que la empresa constructora entregara la obra construida.
El Ministerio Público informó que los fiscales que participaron en la vista pública aportaron una serie de pruebas que apuntan a que los acusados se aprovecharon de sus cargos para supuestamente beneficiarse de los fondos públicos.
Además de la documentación que supuestamente se demuestra que los acusados cancelaron excesos de dinero en los dos proyectos, también el Ministerio Público presentó a 25 testigos de cargos y quienes relataron ante el tribunal sobre las presuntas irregularidades que habrían cometido tanto el exalcalde como el exconcejal.
A las anomalías anteriores, los fiscales del caso confirmaron que tampoco se hicieron las licitaciones conforme a lo que ordena la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ni tampoco hubo participación de la UACI, en las gestiones de los procesos de licitación.
El comunicado de la Fiscalía señala que las empresas que participaron en el proceso de licitación de los dos proyectos, eran todas propiedades del exdiputado Carlos Roberto Silva Pereira y de Nora Emely Parada de Silva. Silva Pereira se encuentra detenido en Estados Unidos en espera de ser deportado al país.
Parada de Silva cumplió una condena de varios años de cárcel.