El capitulo de Transparencia Internacional de El Salvador, representado en la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), consideró que todos los documentos relacionados con El Chaparral deben de ser públicos y que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) debe de colaborar al respecto, sobre todo porque hay investigaciones en desarrollo.
Sin embargo, advierten que para ello es importante que la autónoma modifique su índice de documentación reservada para no violar la Ley de Acceso a la Información, sobre todo porque muchas de estas declaratorias se han tomado bajo acuerdo de Junta Directiva.
Al respecto, Roberto Burgos, coordinador de la ALAC, informó que la CEL es la institución del Estado con más información reservada y que, debido a su rubro, es importante que sea más transparente, sobre todo porque tiene una junta directiva que le da autonomía y maneja un esquema de empresas subsidiarias que generan importantes recursos financieros al Estado.
“CEL no puede seguir escondiendo información que, incluso es oficiosa o pública por ley. La solicitud realizada por los diputados de ARENA es una prueba contundente para ver qué tan transparente es la institución, sobre todo porque en el caso de El Chaparral hay más de $220 millones en juego y se pagaron $108.5 millones muy criticables”, analizó Burgos.
Según dijo, CEL también acostumbra a dar información a la ciudadanía de manera parcial, sobre todo en casos donde se cuestiona y pregunta sobre los niveles de adquisición de bienes y pago de servicios, además de un alto nivel de discrecionalidad en todas sus decisiones.
“Si usted combina ambas cosas, lo que se tiene es un escenario donde es muy fácil aplicar criterios. Tener tanta subsidiaria es sinónimo de evadir el control estatal, es necesario hacer una revisión del gobierno de la CEL porque así como está estructurada hoy no se puede hablar de transparencia institucional”, puntualizó Burgos.
Por otra parte, los diputados de ARENA recordaron que si la CEL les deniega la información apelarán ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) aunque Burgos recordó que continúa la práctica de las instituciones de apelar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“El problema es que al apelar ante la Sala todos los procesos se estancan. De nada sirve que el instituto resuelva a favor del demandante cuando, lamentablemente, se encierran aprovechando el marco legal”, finalizó Burgos.
ALAC recordó que ellos como institución también han realizado solicitudes de información sobre el proyecto de la presa El Chaparral, pero que CEL se las ha denegado en tres ocasiones.