La comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea discutió ayer una propuesta de reforma a la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), que busca realizar escuchas telefónicas sin autorización judicial.
No obstante, en la ley la medida señala que se deberá tramitar la solicitud ante el juez competente en un plazo de 72 horas como máximo, quien resolverá a más tardar en las próximas 24 horas.
La propuesta fue hecha por el Fiscal General, Luis Martínez, y está encaminada a agilizar la intervención de las telecomunicaciones en caso de delitos graves como homicidio agravado, privación de libertad, prevaricato, peculado, entre otros, tal como ya lo establece el proyecto aprobado en 2010, luego de una reforma constitucional que permite la implementación de dicha medida judicial.
Este punto, precisamente, ha provocado que los legisladores de la comisión de Legislación tengan visiones encontradas, especialmente entre las bancadas de ARENA y GANA.
El diputado tricolor, Ricardo Velásquez Parker, señaló que este tipo de medidas va en contra de la reforma al Artículo 24 de la Constitución, aprobada para implementar la intervención a las telecomunicaciones y donde se garantiza el derecho a la privacidad.
“Debe haber una forma en que se pueda tramitar judicialmente (la intervención telefónica) con mayor celeridad, pero no pasarnos encima de este mandato constitucional de ir a pedir autorización a un juez, con lo que se trata de evitar que los honrados, que los buenos, puedan en algún momento verse atropellados en sus derechos y garantías constitucionales”, manifestó el arenero.
Asimismo, Velásquez Parker afirmó que este tipo de enmiendas podría permitir que en el país se intervengan las telecomunicaciones con fines políticos.
En ese sentido, el presidente de la comisión y diputado de Gana, Mario Tenorio, advierte que la Constitución señala con claridad que una ley especial será la que determine los delitos en cuya investigación se conceda la autorización de las escuchas telefónicas, así como las sanciones para quienes apliquen ilegalmente dicha medida.
“La misma Constitución nos dio la pauta para que hace un par de legislaturas se aprobara esta ley especial. Con todo respeto lo manifiesto: no estamos violentando ningún principio constitucional”, señaló Tenorio.
Por su parte, la bancada del FMLNconsideró, en voz de su representante Jaime Valdez, que están de acuerdo con la medida, pero que necesitan escuchar del titular de la Fiscalía qué pasará cuando se ha iniciado una intervención telefónica y el juez rechaza la petición para ejecutarla.
“Tenemos una duda, porque si se autoriza una intervención sin la previa autorización judicial ya hay, por llamarlo de alguna manera, una violación a las comunicaciones de las personas, hay un lapso de 72 horas. ¿Qué sucedería si el juez no autoriza y no queda claro en la propuesta qué manejo se le da esa información?”, cuestionó el farabundista.
Al final, la mayoría de bancadas se mostró en favor de llamar al Fiscal General.
“Apelo y coincido con lo que decía el diputado Valdez, que valdrá la pena, en aras de darle una solución a la población escuchar la opinión del Fiscal General”, acotó por su parte, el arenero Velásquez Parker.
El jefe del Ministerio Público llegará el próximo 6 de septiembre a la comisión, según acordaron los legisladores.