Los centros de enseñanza privada, aproximadamente mil en todo el país, destinan más de diez millones de dólares al año a la seguridad, explicó ayer el presidente de la Asociación de Colegios Privados (Acpes), Javier Hernández.
Hernández afirmó que un colegio que tiene 400 alumnos invierte alrededor de dos mil dólares mensuales en seguridad y $24 mil al año. Si eso se aplica a diez colegios la inversión en seguridad rondará los $240 mil al año, detalló.
“Muchos colegios hemos recurrido a inversiones en cámaras y contratar seguridad privada”, expuso Hernández.
El educador dio esas declaraciones antes de la presentación de una metodología de enseñanza-aprendizajedel idioma Inglés que junto con la empresa mexicana AMCO está tratando de introducir en algunos centros para elevar la calidad educativa. Hernández precisó que como parte de las medidas de seguridad para salvaguardar la armonía interna la mayoría de colegios ha establecido perfiles en base a los cuales seleccionan a sus estudiantes. Lo cual, a la larga, también les genera pérdidas.
El presidente de la Acpes reconoce que pese a los esfuerzos que hacen para mantener la tranquilidad en sus espacios educativos, la inseguridad en los entornos persiste.
En algunos casos la situación ha sido tan complicada que las instituciones se han visto forzadas a cambiar de ubicación, como el caso del Colegio Siglo XXI, el cual, aclaró Hernández, no es miembro de esa organización.
Según se supo, dicho colegio fue reubicado porque las pandillas extorsionaban a los propietarios. El presidente de la Acpes cree que, si las condiciones de seguridad siguen deteriorándose, más de una institución puede cerrar.
El ingeniero Manuel Machado, presidente honorario de la Asociación de Colegios, señala que un análisis realizado por la gremial indica que un diez por ciento de los colegios está en zonas de alto riesgo por violencia; un 70 por ciento está en localidades con riesgos comunes y un 20 por ciento está en zonas plenamente seguras.
Machado subraya que eso influye en la deserción de estudiantes, debido a que algunos reciben amenazas en la calle o, en otros casos, porque las familias tienden a migrar debido al mismo contexto de violencia.
De acuerdo a las estimaciones de Hernández, la cifra de deserción de este año superará el 15 por ciento que se ha marcado en los últimos años.
Los representantes de la Asociación de Colegios Privados detallan que esta situación también debería de ser abordada por las municipalidades.
“Consideramos que ya es tiempo de que las alcaldías municipales jueguen un papel muy importante en este trabajo”, sostuvo Hernández.
Con ello se refiere a que todas las comunas deberían generar ordenanzas que estipulen que alrededor de los centros educativos, tanto públicos como privados, no hayan vendedores ambulantes que puedan poner en riesgo la vida de los estudiantes como ocurre hoy en día.
El presidente de la Acpes sostiene que los colegios no reciben apoyo de la Policía Nacional Civil, pero advierte que las estrategias que se están queriendo implementar para dar seguridad a los centros se están quedando cortas.
La situación en los centros educativos públicos no es mejor. El año escolar 2014 terminó con la cifra de 26 estudiantes asesinados. Los asesinatos ocurrieron sobre todo en los municipios de: Lolotique, San Francisco Chinameca (San Miguel), Nahuizalco (Sonsonate), San Marcos , Tonacatepeque (San Salvador) y San Pedro Perulapán (Cuscatlán).