A casi un año y medio que tres jóvenes desaparecieron en Armenia, Sonsonate, los parientes de las víctimas buscan conocer su paradero y acusan a soldados destacados en esa localidad de habérselos llevado con rumbo desconocido la mañana del 18 de febrero del año pasado.
Para ello, han presentado un Hábeas Corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con el cual quieren obligar a la Fuerza Armada a que informe sobre el paradero de Francisco Javier Hernández Gómez, de 20 años; Óscar Oswaldo Leiva Mejía, de 24 años y de José Fernando Choto Choto, de 25 años.
Los cinco magistrados de la Sala realizaron ayer una audiencia para escuchar la versión de los testigos.
Por medio de la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos, los parientes de las víctimas acusaron a un sargento y a cinco soldados del grupo Hermes, destacados en un puesto en Armenia de haber detenido a los desaparecidos en la colonia San Fernando a eso de las 9:30 de la mañana.
La calidad de acusados es subsidiaria para la Fuerza Armada y su Estado Mayor.
Posteriormente los obligaron a caminar por unas vías del tren hasta una colonia vecina de nombre Damían, en la cual hay presencia de pandilleros, según los relatos escuchados por el tribunal.
Indicaron que los testigos les manifestaron que los soldados detuvieron a cinco jóvenes y que tras caminar un rato dejaron ir sólo a dos de ellos. Uno de esos jóvenes dijo al tribunal que los soldados les tomaron fotos, los insultaron y no les dijeron por qué los detenían.
El primer testigo manifestó que cuando se encontraba trabajando recibió una llama en la que le informaban que soldados se llevaban a su hijo. Recordó el testigo que su hijo, en el 2012, fue golpeado por los soldados del puesto Hermes y que debido a que no había motivo para ello interpusieron una denuncia en la Fiscalía.
El testigo negó que su hijo fuera pandillero o que haya estado detenido por algún delito.
El testigo dos manifestó que su hijo salió a comprar unas medicina para su papá y que fue detenido por los soldados.
Indicó que vecinos le gritaron que los soldados se llevaban al muchacho. Añadió que acudió a la PNC a preguntar por él, pero que no le dieron razones.
El testigo agregó que con los demás padres de los desaparecidos fueron al puesto Hermes y que les dijeron que “los habían soltado uno por uno”.
Afirmó el testigo que su hijo había sido golpeado varias veces por los soldados y que por eso les tenía miedo.
El tercer declarante indicó que su hijo se dedicaba a realizar trabajos de tapicería y cuando le avisaron que se lo llevaban los soldados confió en que no había cometido delito y que por ser la autoridad que lo detenía sería llevado al puesto de la PNC, pero no fue así.
La Sala de lo Constitucional realizará otra audiencia para dictar sentencia.
Los militares procesados penalmente en el caso enfrentarán la vista pública el 23 de julio en la ciudad de Sonsonate.