La gestión anterior del Ministerio de Medio Ambiente y recursos naturales (MARN) es objeto de varios cuestionamientos por responsabilidad administrativa ante la Corte de Cuentas de la República.
Según dicha instancia, la gestión anterior no presentó el informe nacional del estado del medio ambiente y llevó a cabo “acciones insuficientes” para verificar el cumplimiento de las resoluciones de no requerimiento de estudio de impacto ambiental.
Esos son dos de los 19 reparos por los que el exministro de Medio Ambiente, Herman Rosa Chávez, ha sido condenado a pagar $4,992.66 por decisión de la Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas (CC).
Otros cinco funcionarios del MARN también han sido condenados a pagar sumas que van desde hasta los 294 dólares. Entre todos los funcionarios que ocupaban diferentes direcciones en el MARN pagarían al Estado $843.53. Esto sumado a la multa impuesta al exministro equivale a $5,836.19.
Tanto el exministro como los funcionarios todavía pueden apelar la decisión de la Cámara. El proceso podría extenderse por años. Pero lo importante del juicio de cuentas es que señala que 22 artículos de la Ley de Medio Ambiente y otros artículos de su Reglamento no se han cumplido.
Entre los 19 reparos que hace la CC, hay algunos que tienen más peso que otros, para quienes trabajan o han trabajado en organizaciones y fundaciones relacionadas con el medioambiente.
Juan Marco Álvarez, experto en temas ambientales y miembro de la Junta Directiva de Fusades, considera que uno de los reparos “más preocupantes y más graves” es el número nueve. Este reparo advierte que “no se ha concluido la elaboración y oficialización del informe nacional del estado del Medio Ambiente”.
En este caso, según la Corte de Cuentas, se ha inobservado lo que manda el artículo 31 de la Ley de Medio Ambiente. Ese artículo establece que el MARN elaborará cada dos años el informe nacional del estado del Medio Ambiente. Un documento que debería ser presentado por el presidente de la República y que, según Álvarez: “Puede ser un documento guía de autoevaluación para la mejora continua en materia medioambiental”.
Álvarez recordó que el primer y único informe de ese tipo se elaboró durante la gestión de Francisco Flores.
Según el escrito de la CC, el apoderado general judicial del exministro, en uso del derecho de defensa de su apoderado, argumentó: “En la gestión de mi representado, se elaboró el anteproyecto de informe nacional del estado del medio ambiente, documento que se sometió a discusión al interior del Ministerio y con otros actores relevantes, a efecto de recibir una retroalimentación y poder llegar a un consenso del texto para su oficialización”.
Para la representación Fiscal, los argumentos anteriores “no se logran sustentar con documentación”. Por eso, se quedó a la espera de que se aportaran documentos que justificaran lo afirmado a favor del exministro por su representante. Pero eso no ocurrió, por lo que el reparo se mantuvo.
Lo que no cuestiona el juicio de cuentas
Álvarez considera que hay varios puntos que no están entre los reparos y que deberían aparecer. Uno de esos puntos, en sus palabras, es “el no cumplimiento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y el no cumplimiento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre”.
Él considera que tanto el Gobierno anterior como el actual han marginado el patrimonio natural del país. Recordó que El Salvador tiene reservas de biosfera declaradas por la UNESCO, cuyas áreas núcleo, las áreas con mayor biodiversidad, “tienen que ser protegidas”.
Ese punto podría considerar incluido en el reparo número tres: “La estrategia nacional de biodiversidad no contiene estrategias específicas de conservación”. Sobre este documento, presentado por el MARN hace dos años, Álvarez afirma: “La estrategia deja mucho que desear y sí estoy de acuerdo en que no contiene estrategias específicas de conservación, porque al final no toma en cuenta la biodiversidad a nivel de genes, a nivel de ecosistemas; solo toma en cuenta el tema de la biodiversidad agrícola”.
En respuesta a este reparo, el representante del exministro afirmó que el MARN “es la autoridad técnica y científica en materia ambiental”, tiene conocimiento, personal especializado y experiencia sobre diversidad biológica y con base en eso se formuló la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, “la cual contiene las propuestas específicas para la conservación de la diversidad biológica y para la utilización sostenible de sus componentes así como los lineamientos para el desarrollo sostenible de la diversidad biológica”, se expone en el documento.
Ante lo anterior, la representación fiscal volvió a señalar que los argumentos “no se logran sustentar con documentación alguna”, por lo que el reparo se mantuvo.
Otro de los reparos que llama la atención de Álvarez es el número 10: “No se han desarrollado e implementado programas y/o proyectos de incentivos ambientales y desincentivos económicos”.
Él está de acuerdo con que el MARN tiene una deuda en ese tema, pero matiza: “Mientras el Estado no ordene sus finanzas no va a haber ningún tipo de oportunidad para discutir incentivos ambientales para las empresas o para la ciudadanía en general”.
En su opinión, eso es importante porque “la ley no puede solo castigar, tiene que incentivar” y los incentivos pueden impulsar una transición hacia el uso de tecnología más limpia.
Sobre este reparo, el representante del exministro respondió a la CC que los incentivos ambientales y desincentivos económicos no son solo decisión del MARN, sino también de los ministerios de Hacienda y de Economía.
Este argumento tampoco fue sustentando con documentos, en opinión de la Fiscalía, por lo que el reparo fue confirmado.
Apele o no el exministro, los señalamientos del MARN cuestionan la anterior gestión y servirán como base para evaluar a la actual.