Mientras elementos de las diferentes unidades militares participaban en un desfile en el marco de las fiestas patronales de Santa Ana, otros oficiales impedían que soldados se manifestaran por las calles de San Salvador, para exigir que también les entreguen el bono de $600, como lo ha recibido personal de la Policía Nacional Civil (PNC).
Oficiales de alto rango llegaron hasta el sector del Reloj de Flores, al oriente de la capital, para conminar a los soldados a que desistieran de la acción, bajo la amenaza de que les darían de baja, según denunciaron soldados uniformados que portaban sus armas y tenían los rostros cubiertos por gorros pasamontaña.
En pocos minutos, todos los uniformados se retiraron del lugar de concentración.
“No tuvimos suficiente apoyo por la prepotencia de los superiores”, aseguró uno de los soldados, quien cree que “esta es una injusticia la que están haciendo (los altos mandos)”.
Trascendió, además, que militares hicieron un recorrido por las calles aledañas al Reloj de Flores, en busca de otros soldados que participarían en la marcha.
A pesar de que ayer no pudieron expresar su descontento y marchar hacia la Asamblea, aseguran que el próximo lunes sí la llevarán a cabo y esperan, sobre todo, la participación sus familiares para demandar la entrega del bono, según la cuenta en Facebook “Los militares también tenemos derechos SV”.
El miércoles anterior, un soldado y un cabo aseguraron a El Diario de Hoy que hay mucha inconformidad entre los militares que forman parte de los grupos de tarea que apoyan labores de seguridad pública a la PNC, pues corren el mismo riesgo durante los patrullajes y no los toman en cuenta en el reparto del bono.
Ellos aclararon que no estaban en contra de nadie sino que solo aspiran a un trato igualitario. En ese sentido, indicaron que si les dan de baja del Ejército por hacer la petición, recurrirán a otras instancias legales para luchar por lo que consideran un derecho.
El 21 de junio, dos soldados fueron atacados a balazos por pandilleros cuando custodiaban la estación del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), muy cerca de donde ayer fueron dispersados para evitar que marcharan hacia la Asamblea Legislativa.
Las víctimas fueron identificadas como José Jaime Henríquez y José Otoniel Ascencio. Uno murió en el lugar y el otro, cuando era atendido en un hospital.
Ese riesgo al que se exponen a diario, cuando apoyan a la PNC en tareas de seguridad pública, es uno de los argumentos que esgrimen los soldados para demandar al Gobierno del presidente Sánchez Cerén que los incluyan en el beneficio económico.
Descontento
“Nos están discriminando, todo el tiempo nos han discriminado. Los policías ganan casi 600 y nosotros, 250. Corremos el mismo riesgo”, insistieron hace tres días el cabo y el soldado.
Informes de Casa Presidencial establecen que “el Ejecutivo solicitó incorporar $28 millones de un préstamo del BCIE, de los cuales 15 millones son para la gratificación extraordinaria a los agentes policiales y los otros $13 millones serán invertidos para garantizar la permanencia de 6 mil efectivos militares en las tareas de apoyo a la seguridad pública y movilidad”.
Pero los soldados no quieren que esos $13 millones se inviertan en apoyo a tareas de logística de la tropa, como alimentación y transporte, sino que les den el efectivo de la misma manera que lo han hecho con agentes, oficiales y administrativos de la PNC a partir del miércoles anterior.
Los agentes, cabos y sargentos recibieron $600, mientras que a los oficiales les entregaron $400 y al personal administrativo, $200.
Los soldados aseguran que el presidente Sánchez Cerén ofreció la entrega del dinero, pero luego el Ejecutivo dijo que los fondos se emplearían en tareas de logística de la institución armada.
De ahí la inconformidad de los soldados.