La mayoría de asesinatos de conductores del transporte colectivo se produjo en territorios de la pandilla 18 Revolucionarios, algo que hasta el momento parecía ser solo una coincidencia.
Sin embargo, ayer el mismo Gobierno reveló que dos cabecillas de esa pandilla, recluidos en el penal de Quezaltepeque, fueron quienes ordenaron desde allí el paro y, consecuentemente, los asesinatos que provocaron zozobra en los salvadoreños.
Ayer por la mañana, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo que Inteligencia Policial y del Estado habían identificado a dos cabecillas de la pandilla 18 Revolucionarios que giraron las órdenes desde la prisión de Quezaltepeque.
Chicas informó ayer que los dos cabecillas, que fueron trasladados hacia el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca (Zacatraz), son Carlos Eduardo Burgos Nuila y José Carlos Hernández Mauricio, ambos de la 18 Revolucionarios. Otros 37 pandilleros fueron traslados del penal de Gotera al de Izalco (ver nota aparte).
Burgos Nuila es presuntamente cabecilla de una agrupación que controla parte de la colonia Zacamil, en el sector conocido como los Edificios 400, donde residía antes de ser encarcelado.
Mientras tanto, Hernández Mauricio es un convicto de homicidio purgando condenas que sobrepasan los 50 años. Este sujeto es originario de Zacatecoluca, La Paz, donde la pandilla 18 Revolucionarios controla varias zonas.
El 22 de enero del 2006, Hernández Mauricio y varios de sus secuaces cometieron una masacre en una cancha de fútbol del caserío Santa Irene, en el cantón Penitente Abajo, siempre de Zacatecoluca.
En esa ocasión, los pandilleros mataron a seis jóvenes que se encontraban participando en un partido de fútbol.
Por esa masacre, Hernández Mauricio recibió una sentencia de 45 años de prisión. Pero además, este convicto tiene otras sentencias por otros homicidios, extorsiones y evasión.
De acuerdo con fuentes policiales, Hernández Mauricio fue uno de los 38 pandilleros que el 8 de agosto de 2006 (mientras estaba en proceso de investigación por la masacre de seis jóvenes) se fugaron del penal de Cojutepeque.
Dos meses después, Hernández Mauricio fue recapturado debido a la denuncia ciudadana de que un hombre realizaba disparos de arma de fuego. Al llegar, la Policía fue recibidos a balazos por el delincuente quien fue capturado ese mismo día.
Zonas donde opera la 18
El Gobierno confirmó ayer una información que los empresarios del transporte colectivo sabían desde el domingo por la noche cuando varias rutas fueron advertidas por diversos medios, de abstenerse de prestar el servicio para no ser blanco de ataques.
El último de los motoristas del transporte público en ser asesinados el lunes fue identificado como Ábner Cartagena, de 49 años.
Ese crimen fue cometido precisamente en territorio de los 18 Revolucionarios, según indicaron fuentes policiales que llegaron a la escena.
La quema de dos microbuses, siempre de la ruta 4T, la noche del domingo también fue en territorio dominado por los mismos pandilleros en Ciudad Delgado.
Otros conductores de buses fueron asesinados en la 5a. avenida Norte del barrio San Miguelito, que también es controlado por la pandilla 18.
Así también un motorista de autobús de la ruta 301, que recorre de San Miguel a San Salvador fue acribillado sobre el bulevar del Ejército, a la altura del lugar conocido como Molsa.
En ese sector, el bulevar del Ejército sirve como línea divisoria entre la mara Salvatrucha (MS13) que domina la colonia Altos del Bulevar y la comunidad Iberia, y la 18 Revolucionaria que controla las comunidades Quiñónez y La Chacra, al costado sur del referido bulevar.
Chicas dice que es boicot
“Esto no es un paro del transporte, porque los transportistas no lo hacen por reivindicaciones, sino que es un sabotaje terrorista contra el transporte público. No se ha afectado al Gobierno sino a la población”, dijo el portavoz gubernamental Eugenio Chicas por televisión.
Según Chicas, entre el lunes y ayer fueron 44 rutas las que no trabajaron, de más de mil 313 que hay a nivel nacional.
El boicot al transporta también ha afectado al comercio y miles de empresas que han tenido que despachar a sus empleados una hora antes de lo acostumbrado para que puedan llegar con bien a sus domicilios.
Chicas indicó ayer que la situación tendía a normalizarse, pero que si el paro persistía sacarían a la Fuerza Armada para contrarrestar las acciones de las pandillas.
El funcionario confirmó que el mayor número de ataques fue cometido en territorio de la pandilla 18 revolucionarios.
Por su parte, el criminólogo Carlos Ponce dijo que el paro, y los eventos que preceden (explosivo en hotel capitalino, quema de buses y homicidios de motoristas), plantean un escenario grave, una coyuntura alarmante y la respuesta oficial, en esencia, consta de medidas y discursos populistas.
De acuerdo con Ponce, sacar al Ejército a las calles de capital no tendrá efecto alguno sobre la dinámica delictual y etiquetar a las pandillas como “grupos terroristas” o sus actos como “terrorismo”, no aporta a una solución si no viene acompañado de medidas inteligentes.
“La respuesta del oficialismo ha sido endeble desde que recibieron información la semana pasada que las pandillas pretendían paralizar el transporte público. No tuvieron la capacidad de traducir esa información en acciones operativas que previnieran el paro. Eso es realmente decepcionante y llama a cuestionar seriamente la capacidad de quienes están al frente de los aparatos de inteligencia y operaciones”, aseveró Ponce.
Por su parte, el diputado y exdirector de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, afirmó que la solución a la crisis que vive el país no es fácil ni es de la noche a la mañana, sino que debe ser integral pero lo primero se debe poner orden en el sistema carcelario y proceder con todo el peso de la ley contra aquellos que han sido los causantes de los hechos.