Un diálogo “claro y transparente” entre los distintos sectores del país ha recomendado la Organización de Estados Americanos (OEA), para construir políticas que permitan un nuevo mecanismo de asignación de frecuencias del espectro radial y televisivo a partir de la migración del sistema análogo al digital, que se implementará en 2018.
“La democracia requiere el enfrentamiento de ideas, el debate y la discusión”, sostuvo ayer el Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Edison Lanza, durante el foro “Digitalización de la Televisión y la Radio: Oportunidades y Desafíos”, que organizó el Gobierno salvadoreño.
El experto sostuvo que estas políticas pasan, además, por la creación de marcos regulatorios que deben ser impulsados a partir del debate entre los distintos actores.
Lanza también analizó que el nuevo sistema de digitalización abre posibilidades para que el espectro se abra en beneficio de otros participantes que no habían tenido acceso al pastel radioeléctrico.
“De lo que estamos hablando es de asegurar mantener las frecuencias pero también hay que ver que la digitalización permite unas posibilidades que antes no teníamos, que varios canales convivan en una misma frecuencia”, advirtió el experto.
Con la digitalización, el servicio de televisión tendrá una mejora en vista de que se ampliará la oferta de canales (con mejor sonido y calidad) y los consumidores podrán acceder a servicios adicionales de datos y telefonía.
No obstante, en el país aún no se ha iniciado el debate de qué legislaciones se deben reformar o qué nuevas normativas aprobar.
Consultado sobre cómo se deben otorgar las frecuencias en todo el territorio, a partir del nuevo sistema digital, señaló que el diálogo entre los sectores relacionados con la televisión y la radio debe desembocar en un marco regulatorio que garantice una amplia participación.
“Creo que tiene que haber un marco legal claro, preciso y transparente, que arbitrie mecanismos de acceso de distintos tipos pero que en general tenga la característica de no ser discriminatorios y no promuevan obstáculos para que se impida que algunos actores puedan acceder a los medios de comunicación”, manifestó.
De acuerdo con Lanza, hay que definir aspectos en la nueva normativa que determine el otorgamiento de nuevas frecuencias partiendo de lo dictado por la la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena que se establezcan mecanismos alternativos a la subasta.
“La subasta, como único medio, es discriminatorio porque solo aquellos que tienen el poder económico para presentarse a una subasta pueden acceder al espectro necesario para montar un medio de comunicación”, acotó.
Consideró conveniente que el Estado entre en un análisis sobre qué medios de comunicación tienen mayor concentración de frecuencias, para que en el nuevo sistema de digitalización se pueda dar prioridad a nuevos actores.
“Lo que sí me parece legítimo es que los estados hagan un estudio del grado de concentración de un medio de comunicación que pueda haber en determinado país, y que la televisión digital que es un momento donde se abren posibilidades, no sea acaparado por los mismos medios y para concentrar más la cantidad de frecuencias”, manifestó.
La oportunidad que se abre, al decir de Lanza, es que habrá más diversidad de canales que a la larga vendrán a beneficiar a las audiencias con mayor cantidad de contenidos y ofertas televisivas.
“Lo que estamos hablando es de asegurar de mantener las frecuencias pero también hay que ver que la digitalización permite unas posibilidades que antes no teníamos, que varios canales convivan en una misma frecuencia. No estoy dando la fórmula, estoy diciendo que hay que tener cuidado con que no termines en que más canales están en manos de los mismos, sino que en una diversidad de actores”, expresó.
También, advierte que se garantizaría la continuidad de los actores que ya se encuentran en juego.
“Este cambio tecnológico nos da la oportunidad para también atajar este problema de un modo constructivo, en el sentido que permite que los actores que ya están en el sistema de medios tengan garantizada la continuidad pero que también nuevos actores, y me refiero a los que son de distinto capital, medios públicos, comunitarios y comerciales, puedan convivir y tener un espacio en el espectro radioeléctrico”, explicó.
Asimismo, aseguró que entre las medidas legislativas debe existir una regulación para que los medios de comunicación públicos cumplan con su misión democratizadora, y señaló que una deuda en América Latina es que estos medios dejen de ser férreos defensores de los gobiernos de turno.
Debate propicio
Para el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, el foro se realizó en un momento propicio para el país, debido a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, en la que también manda a la Asamblea Legislativa legislar sobre mecanismos alternativos a la subasta en la asignación de frecuencia del espectro radioeléctrico.
“La democracia es un proceso que inició con los Acuerdos de Paz, que permitió desde entonces incluir nuevos actores en las comunicaciones, en ese sentido es relevante también la inclusión de actores que desde nuestra perspectiva ameritan el reconocimiento jurídico dentro del espectro radioeléctrico”, señaló Chicas durante el discurso de apertura del evento.
Esa resolución es importante, pues mientras la Sala no se pronunciara sobre el recurso de inconstitucionalidad que resolvió el miércoles, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) no podía hacer ninguna acción para digitalizar la televisión y la radio en el país, según explicó en su momento la actual titular de la institución, Blanca Coto.
No obstante, la Siget todavía no tiene claro qué tipo de modelo de digitalización será impulsado, aunque exfuncionarios han barajado los de Brasil, Japón y Estados Unidos.
En tanto, la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), que aglutina a varias organizaciones no gubernamentales, consideró ayer que la sentencia de la Sala no tiene los alcances que esperaban, pues aún se permite darle prioridad a los actores que ya cuentan con una frecuencia, pese a que la Sala dijo que las concesiones no pueden ser renovadas automáticamente.
En tanto, consideraron un paso importante que se haya eliminado el mecanismo de subasta para adquirir frecuencias, pues éste beneficiaba “al mejor postor”, según señalaron, pero no advirtieron que el fallo indica que se deben establecer otros mecanismos para la asignación, los cuales deben ser establecidos por la nueva normativa a la que aludió el Relator de la OEA.
La Sala señaló que, antes de la digitalización del sistema, la Asamblea Legislativa debe legislar el mecanismo a usar para asignar las nuevas concesiones, y que no sea a través de subastas.