ARENA le dio iniciativa de ley a una propuesta de Ley de Probidad Pública diseñada con aportes de varias organizaciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) entre otras.
Una de las principales características que plantea el anteproyecto es hacer de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una Dirección, con el objetivo de que esta tenga autonomía, independencia y más capacidad sancionatoria, explicó ayer la diputada Alejandrina Castro, de ARENA.
“Ahorita los funcionarios que están fuera de San Salvador tienen que presentar sus declaraciones de probidad a los jueces de Primera Instancia y muchas veces estos no cumplen en remitirlos a la Sección de Probidad”, lamentó Castro.
De acuerdo a la legisladora tricolor, el anteproyecto se sumará a otros que han sido presentados en la Asamblea y que serán analizados por los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
“Hay un proyecto que se estudió en la legislatura pasada, este será un insumo más de una ley que responda a los estándares internacionales y en la transparencia y rendición de cuentas”, explicó.
Añadió que el proyecto hace una diferenciación entre sanciones administrativas de dos a diez multas de salarios mínimos y el tema penal que le correspondería a la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de enriquecimiento ilícito.
También amplía quiénes serán los sujetos obligados en la ley, pues se incluye a los directivos de sociedades de economía mixta que no están regulados en la actual ley.
De acuerdo a la pieza presentada por ARENA con la nueva ley se busca combatir la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el conflicto de intereses por parte de los empleados y funcionarios públicos.
“Es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad salvadoreña, ya que amenaza la democracia y al Estado de Derecho, y retrasa el desarrollo económico y social, por lo que es primordial la legislación para poderla prevenir, sancionar y erradicar”, reza parte de la carta presentada ayer y que respaldaron varios diputados noveles de ARENA.
Se propone que entre las infracciones y sanciones a las que están sujetos los individuos que no cumplan con presentar su declaración correspondiente a “la toma de posesión, reelección, cambio de cargo, reorganización administrativa, actualización…” dentro de los plazos será sancionado con una multa de dos a veinte salarios mínimos del sector comercio y servicios.
Si el incumplimiento fuere al cese de funciones, el sujeto obligado será sancionado con una multa de veinte a cuarenta salarios mínimos.