El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, declaró ayer que su Gobierno aún no ha tomado una decisión sobre el nuevo impuesto que serviría para financiar los programas de seguridad pública, pero dijo que necesitan al menos $1,200 millones para ese rubro.
Aunque dijo que apenas trabajan en una propuesta para el nuevo impuesto, confirmó que su gobierno pretende incrementar la carga fiscal del 15.8 % al 17 %, para incrementar la recaudación tributaria.
“En el país la carga fiscal, es decir lo que se paga en impuestos, es del 15.8 % y por lo general en todos los países de América Latina es del 18 %”, explicó el Presidente.
Sánchez Cerén dejó entrever que el país podría seguir endeudándose para conseguir los fondos “necesarios” para enfrentar el problema de la delincuencia. Esto a pesar de que el Gobierno cuenta con $138 millones para seguridad que no se han ejecutado, situación que el ministro de Seguridad y Justicia, Benito Lara, reconoció el viernes.
Sánchez Cerén al igual que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, afirman que el gobierno está tramitando un préstamo de $200 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), siempre para fortalecer la seguridad.
El mandatario afirmó que se trata de una propuesta que analiza el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC).
“En el Consejo de Seguridad se está discutiendo un préstamo, se está discutiendo cómo el país contribuye, y la forma cómo contribuye es a través de impuestos, ¿qué tipo de impuestos? Eso lo están discutiendo y además no han tomado la decisión si lo van aplicar o no lo van aplicar”, mencionó el Presidente, durante su programa presidencial “Casa Abierta”.
El mandatario sostuvo que todavía no cuentan con una iniciativa ya elaborada para la aplicación de nuevos impuestos, para presentarla a la Asamblea Legislativa.
Mencionó nuevamente que antes de que se tome una decisión, el gobierno está a la espera de la resolución definitiva de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que admitió una demanda que frenó la colocación de $900 millones en bonos, de los cuales $96 millones serían para programas de seguridad.
“Esperamos que esa resolución sea en bien del país. Son 900 millones de dólares que la Asamblea Legislativa asignó a este gobierno y la Sala los ha congelado, porque dice que el procedimiento no ha sido adecuado. Pero esa congelación no le permite al gobierno invertir en programas tan urgentes como es la seguridad”, manifestó el mandatario.
Sánchez Cerén volvió a mencionar que el Ejecutivo está analizando diferentes estrategias para reorientar recursos que permitan continuar con el financiamiento de los programas sociales y de seguridad.
“El país necesita recursos para poder desarrollar toda su actividad social, económica; esos los hemos ido obteniendo a través de préstamos. Pero ahora se nos ha puesto una traba ahí de violación a la Constitución, hoy tenemos que buscar otras vías”, explicó el mandatario.
Agregó que ha girado instrucciones al comisionado de Seguridad y Convivencia, Hato Hasbún, para que desde el CNSCC se diseñen otras estrategias que permitan la obtención de recursos para financiar el Plan El Salvador Seguro, el cual requiere una inversión de alrededor de $1,200 millones.
Goes tiene recursos
Al respecto de la iniciativa gubernamental, varios sectores productivos del país la critican porque consideran que sí hay recursos.
“El gobierno del FMLN es el gobierno que más recursos ha recaudado, más impuestos, casi 23 mil millones de dólares en cinco años; es el gobierno que más donaciones ha recibido en los últimos gobiernos, casi 600 millones, un poquito más de 600 millones de dólares, y es el gobierno que más deuda adicional ha adquirido: casi 4 mil 500 millones de dólares adicionales en deuda; el Seguro Social en el último quinquenio es el que más recursos ha recibido, y nuestros trabajadores no tienen medicamentos”, dijo el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán.
Las diferentes gremiales empresariales del país han reclamado que el gobierno del FMLN no puede decir que están limitados por falta de recursos y consideran que el problema de la inseguridad está relacionada más bien con la falta de capacidad del Ministerio de Seguridad.
“No creemos que es un tema de recursos, es un tema de mala administración, mal manejo y que hay que orientar los recursos apropiadamente, no es un tema de falta de recursos, creemos que este es un plan estratégico para ir justificando mayores impuestos a la población”, consideró Simán.
Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), por su parte, considera que es contradictoria la actitud adoptada por el gobierno de conseguir más recursos con la creación de más impuestos.
“Ellos se justifican porque dicen que necesitan más dinero con un nuevo impuesto, pero a su vez no dan respuestas de por qué no han utilizado tres préstamos para frenar la inseguridad. El gobierno tiene dinero, lo que sucede es que no hay un rumbo claro, mientras las cifras de homicidios siguen subiendo”, apuntó Daboub.
El sector empresarial señala que por la mala administración del actual gobierno, ahora busca crear más impuestos.