Hace 800 años se dio el inicio del constitucionalismo moderno por medio de la Carta Magna. Este documento constituye un salto cualitativo para la evolución de los derechos fundamentales y para que las personas pasaran de súbditos a ciudadanos. Este acontecimiento fue muy importante para la consolidación de estados modernos y democráticos además de recordarnos que es un proceso de siglos y de carácter permanente.
En el mundo antiguo, desde Grecia y Roma se emitieron constituciones pero se perdieron a medida que estas civilizaciones se desvanecieron. Luego de la fragmentación del Imperio Romano, las invasiones Bárbaras y las ciudades feudales nacieron legislaciones de regionales, sin una verdadera concepción de Estado.
Los avances en la evolución del pensamiento se pueden perder, lo bueno es que también se pueden recuperar, como fueron los principios de la Carta Magna. Su texto promulgó derechos que estaban por encima del soberano, se buscaba garantizar derechos a la población y así evitar la tiranía.
En aquel momento el Rey Juan I, firmaría sin la convicción del caso, más bien era por la presión que los barones y la Iglesia estaban ejerciendo sobre él. La Carta Magna dio la cabida al respeto del debido proceso, por lo que se debían de llevar procesos legales en donde se probaran los delitos en estricto apego a las leyes, previo a privar de libertad a un ciudadano (habeas corpus). Las leyes, jueces y procedimientos ponían fin a los caprichos del Rey y a las arbitrariedades del poder.
La historia de la Carta Magna también nos recuerda que esos textos constitucionales tienden a verse como una camisa de fuerza por los gobernantes y siempre existe la tentación de no querer aplicarla. La Carta Magna tuvo versiones posteriores que fueron modelando el poder hasta lograr introducir mayores respetos a las libertades individuales siempre en una batalla entre el respeto a los derechos de los ciudadanos y el uso del poder en formas arbitrarias.
Si bien nuestro derecho no está basado en el anglosajón, la Carta Magna fue de gran importancia en el desarrollo del derecho y trascendió a los sistemas legales del occidente incluyendo el nuestro.
El control contra la arbitrariedad es el eje conductor de este gran documento. Esta temática mantiene relevancia cuando en nuestro país a pesar que existen textos constitucionales y leyes se pretenden hacer subterfugios para inaplicarlas o ignorarlas.
Un caso tan evidente es la forma en que se aprobaron los $900 millones de dólares en títulos valores del gobierno. La verdad es que como no tenían los votos, se tuvo que pasar al pleno de la Asamblea Legislativa una segunda vez y se hizo atropelladamente con votos de diputados suplentes.
El manejo de votaciones con diputados suplentes no es nuevo, la Universidad de Salamanca junto con Fusades prepararon un estudio llamado “Las Instituciones Democráticas en El Salvador: Valoración de Rendimientos y Plan de Fortalecimiento” desde el año 2006, en donde se mencionaba la problemática. Tantos años han pasado sin que se ponga fin a este tipo espacios para la arbitrariedad. Debe haber un régimen de suplencias claro, por ahora se maneja con demasiada laxitud. En una república hay frenos y contrapesos es evidente que al ejecutivo le está causando gran molestia la revisión de la aprobación de la emisión de los bonos y esperemos que no se traduzca en nuevos ataques a la Sala a través de reformas a la forma de votación ni al ámbito de revisión del control de constitucionalidad.
La resonancia de la Carta Magna en estos tiempos, hace reflexionar sobre el caso de los imputados de CEL-Enel. En el mismo, a los imputados se les sigue un juicio que refleja la criminalización de una política pública. El gobierno de El Salvador firmó un Acuerdo Marco con la empresa Italiana Enel Green Power para darle fin al conflicto que tantos años ha durado y tanta inversión extranjera ha ahuyentado. Este es un asocio público privado importante que se tenía hasta la fecha. Pero por un lado libera de responsabilidad a los inversionistas italianos pero le sigue juicio penal a los nacionales. Si hubiera algo ilícito, la pregunta es ¿Por qué el Gobierno firma un Acuerdo Marco sobre acciones que tenían un origen ilícito? No es congruente.
El caso está en las manos de la Justicia, se debe confiar en que toda persona deber tener acceso a un juicio imparcial e independiente de las injerencias políticas, a la presunción de inocencia. Desde tiempos de la Carta Magna, se instauró el debido derecho junto con otras libertades individuales, que permiten ir mejorando el estado constitucional de derecho. Todos debemos vivir en una cultura de legalidad, en donde se respete y se exijan los derechos fundamentales que vinieron a cerrar y poner fin a una época de abusos, arbitrariedades, y de gobiernos unipersonales donde mandaba el Rey sin darle cuentas a nadie. En esta época moderna, algunas cosas han cambiado, y otras nunca deben cambiar. Justamente lo perdurable son los principios de libertad y justicia que rigen una sociedad democrática, donde no existe cabida a la tiranía, a la arbitrariedad, ni a los Reyes déspotas que irrespetan el Estado de derecho y por ende irrespetan a sus ciudadanos. La resonancia de la Carta Magna en estos tiempos, hace reflexionar sobre el caso de los imputados de CEL-Enel