La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 64 votos contestar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la notificación en la que les informa de la suspensión para emitir $900 millones en bonos aprobado por la legislatura pasada.
Los argumentos que vertieron varios diputados de las bancadas del FMLN, GANA, PCN y PDC es que lo conveniente es pedirle a la Sala de lo Constitucional que revierta esa medida cautelar.
Desde ya el FMLN augura que la Sala resolverá en contra de la emisión de los eurobonos, por lo que planea dos alternativas: pedir más préstamos o elaborar un nuevo decreto para volver a aprobar la colocación de los bonos. (Ver más detalles en nota aparte).
Esta resolución, así como otra que fue admitida el miércoles en contra de una reforma tributaria que la legislatura pasada aprobó con votos de diputados suplentes para publicar los nombres de los que deben al fisco, desataron expresiones de rechazo y críticas en el Salón Azul hacia los magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte del FMLN, GANA, PCN y PDC.
ARENA en cambio pidió a la Asamblea respeto a los fallos judiciales y a la Constitución de la República.
La diputada Jackeline Rivera, del FMLN, afirmó que la Asamblea tiene el derecho de defenderse ante los planteamientos que ha establecido la Sala de lo Constitucional para admitir las dos demandas.
Ambas cuestionan el proceso que se siguió en la Asamblea para avalar con votos de diputados suplentes el decreto que autorizó emitir $900 millones en títulos valores y el de la reforma al Código Tributario.
La respuesta que darían a la Sala de lo Constitucional según lo planteado ayer en la sesión plenaria por diputados de distintas bancadas legislativas, excepto ARENA, es que la Asamblea “nunca envió el decreto al archivo”, tal como lo expresa la resolución de la Sala como uno de los motivos para admitir la demanda.
La notificación también dice que la Asamblea no debió votar dos veces por el mismo decreto para autorizar los $900 millones que no logró en una primera votación la mayoría calificada.
“Tras varias intervenciones de diputados, y al no lograr quórum de aprobación, se ordenó el archivo del dictamen, pero dos horas y trece minutos después, la diputada Lorena Peña solicitó nuevamente el dictamen cuestionado, el cual se aprobó con 56 votos, a las 23 horas con 37 minutos”, reza parte de la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional.
Al respecto, la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, del FMLN, aseveró ayer que tras revisar las grabaciones de audio y de video de la plenaria realizada en abril pasado, se corrobora que el dictamen no fue enviado al archivo como lo manifiestan los demandantes que acudieron a la Corte Suprema de Justicia.
“Cuando este dictamen no tiene los votos, yo había pedido razonar mi voto. Inmediatamente después de la votación, me permiten razonar mi voto, y en el razonamiento, y eso consta en grabación y en acta, pido que vuelva a la comisión para que no se vaya al archivo”, refirió ayer.
Peña reveló así el detalle de como se fueron dando los hechos: a las 21:34 el dictamen favorable no alcanzó los votos, a las 21:43 el mismo volvió a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.
Posteriormente se somete a votación un llamamiento y a las 23:47, se aprueba la emisión de los títulos valores de crédito. “Entonces está claro que nunca se fue al archivo y que hubo una reconsideración”, argumentó.
Añadió que espera que los magistrados de la Sala emitan una sentencia pronto, ya que está demostrado que los demandantes “han mentido” a la sala, resumió Peña.
“He pedido que contestemos rápido (la notificación), porque si la demanda está emitida en base a una soberana mentira, tengo la gran esperanza que van a declarar al final que no procede”, solicitó la presidenta legislativa.
En su escrito la Corte Suprema también hace alusión a que el voto 56 fue dado por Wilfredo Guevara, diputado suplente de GANA, a quien no le correspondía suplir a la diputada Sandra Salgado, legisladora de ese partido cuando se aprobó el decreto de los eurobonos.
Sobre este punto los diputados Mario Ponce, del PCN; Rodolfo Parker, del PDC; Mario Tenorio de GANA; y Rivera del FMLN, vertieron fuertes críticas a la Sala de lo Constitucional, aduciendo que lo actuado por los legisladores fue apegado a la Constitución de la República y al Reglamento Interno de la Asamblea.
Ponce explicó que es una situación que siempre se ha hecho así, de que cualquier diputado suplente pueda sustituir a un diputado propietario en su ausencia.
Es más, Parker recordó que es una medida que se reformó en el Reglamento Interno a raíz de un hecho que ocurrió en la década de los 80 en que un diputado suplente atentó en contra de la vida de su propietario por ambición a ocupar su puesto.
Rivera cuestionó que los magistrados de la Sala de lo Constitucional desconozcan lo que establece la Constitución, normativa en la que asegura que el voto de los diputados suplentes tiene valor.
Ponce fue de la idea que si la Sala considera que el voto de un diputado suplente no debe ser considerado como válido, la elección de los magistrados también sería ilegal, ya que muchos de ellos fueron electos por la Asamblea con votos de legisladores suplentes.
Sin embargo, el diputado de ARENA René Portillo Cuadra explicó que el problema no radica en el voto de un diputado suplente, sino en lo que dicta el artículo 143 de la Constitución de la República.
El apartado en mención reza de la siguiente manera: “Cuando un proyecto de ley fuere desechado o no fuere ratificado, no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses”.
Pero los diputados que rechazan las resoluciones de la Sala argumentan que la votación fue válida, porque se hizo cuando aún la plenaria no había finalizado.
Para evitar este tipo de situaciones, Tenorio, de GANA, reiteró como lo ha hecho en ocasiones anteriores la necesidad de reformar la ley de procedimientos constitucionales, que busca entre otras cosas obligar a la Sala de lo Constitucional a tomar decisiones sólo con cinco votos de los magistrados y no con cuatro como actualmente es.
ARENA sentó posición oficial ayer a través de un comunicado en el que expresan su rechazo a la negativa del resto de partidos a la resolución dada por la sala y los insta a cumplir la Carta Magna.
“Me parece que ignorar la fuerza normativa de la Constitución y los fallos judiciales constituye un mensaje errado de parte de quienes se pronuncian desacreditando a la Sala de lo Constitucional…”, mencionó Portillo Cuadra.