El presidente Salvador Sánchez Cerén, quien ha cuestionado a la Sala de lo Constitucional por admitir una demanda en contra del procedimiento legislativo en que fue aprobada una emisión de $900 millones en bonos, pidió algo similar en 2007 contra la forma en que se avaló la Ley de Fideicomiso para la Inversión en Educación, Paz Social y Seguridad Ciudadana, porque tratándose de deuda pública requería ser aprobada con 56 votos y no con 49.
En ese tiempo el mandatario llevó hasta la Sala su inconformidad de que las bancadas de ARENA, PCN y PDC se saltaran el procedimiento constitucional al aprobar con mayoría simple una ley que provocaba deuda a través de la emisión de títulos valores.
La Sala le admitió esa demanda y al final le dio la razón, pero hoy Sánchez critica que los magistrados estudien la legalidad del proceso de aprobación de deuda mediante la emisión de bonos por $900 millones por parte de su partido, GANA PDC, PCN y CD, y que el demandante aduce que se vulneró la Constitución porque fue aprobado en el segundo intento en una misma plenaria cuando debió ser archivado por seis meses tras ser rechazado en la primera votación.
Pero en 2007, acompañado de sus colegas Lourdes Palacios, Irma Amaya, Hugo Martínez y Walter Durán, Sánchez pidió la inconstitucionalidad de dicha ley, de la que argumentaba fue aprobada vulnerando también el procedimiento constitucional.
Según la demanda, la aprobación de esa ley contenida en el decreto legislativo 343 de fecha 21 de julio de 2007 con la que se buscaba reunir $350 millones, se vulneró los artículos 1, inciso primero, el 148 inciso segundo y el artículo 86 de la Constitución.
“(Los demandantes) afirman entonces que para adquirir deuda a mediano y largo plazo, no basta con emitir una ley ordinaria que requiera mayoría simple para su aprobación, sino que requiere el voto de los dos tercios de diputados electos”, se lee en la resolución emitida en 2009.
También expusieron que la ley tenía por finalidad constituir un fideicomiso a través de la emisión de títulos valores por parte del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) que serían colocados en el mercado de valores con el fin de captar fondos y que “en calidad de empréstito voluntario, se destinarán al gasto público de determinadas instituciones del Estado”.
También plantearon que “ningún fin constitucional puede justificar para su consecución, la violación de otra norma de igual valor, razón por la cual, legitimar la ley impugnada implicaría restar valor al ar. 148 Cn.”.
Pero hay otro punto que señaló Sánchez Cerén y colegas: que ya había jurisprudencia derivada de la sentencia de inconstitucionalidad 9-99 en la que “se declaró inconstitucional la Ley de Emisión de Bonos con efectos preventivos a posteriores violaciones al procedimiento prescrito en el art. 148 Cn., para el endeudamiento público”.
Partiendo de ese precedente, pidieron incluso como medida cautelar el cese de los efectos legales de la ley.
La aprobación de dicho decreto ocurrió tras un intenso debate en la noche del 24 de junio entre diputados de la entonces gobernante ARENA y el FMLN.
El entonces diputado Humberto Centeno (ya fallecido) señaló la prisa con que se había estudiado el proyecto y otros que apuntaban a la ilegalidad del procedimiento.
ARENA, a través de diputados como Julio Gamero, defendían la ley en la necesidad de tutelar derechos fundamentales como la educación y la seguridad.
El proyecto de ley fue aprobado con 49 votos de las bancadas de ARENA, PDC, PCN. Los 32 legisladores efemelenistas, los dos del CD y el independiente Juan Pablo Durán votaron en contra.
La iniciativa impulsada por el entonces presidente Antonio Saca, llegó luego de que el FMLN bloqueara la aprobación de varios préstamos internacionales que serían destinados a proyectos educativos del Plan 2021, a la dotación de equipos para seguridad y mejorar las cárceles.
Demanda y respuesta
Con el fideicomiso se buscaba captar $150 millones irían a educación y $200 millones se repartirían entre la PNC, Fiscalía General, Procuraduría General de la República, la Academia Nacional de Seguridad Pública, centros penales y a prevención del crimen.
Una vez aprobado el fideicomiso, el FMLN cumplió su palabra de recurrir a la Sala de lo Constitucional por considerar aquella medida un “golpe a la Constitución” y anunciaron que ya tenían “encomendado el equipo”.
Y así fue, el equipo que puso la demanda fue encabezado por su entonces jefe de bancada, Salvador Sánchez Cerén.
En su resolución dos años después, la Sala declaró improcedente la petición porque a esa fecha la Asamblea Legislativa ya había corregido la plana y emitido un nuevo decreto “que ha cumplido con las formalidades constitucionales supuestamente vulneradas” y “la pretensión de inconstitucionalidad ya no guarda relación con la supuesta infracción advertida”.