Abierto hace año y medio tras una atosigante presión mediática en al menos 35 programas en cadenas de radio y decenas de conferencias de prensa del expresidente Mauricio Funes, pero sin que hasta ahora se haya probado delito alguno según la defensa, el caso CEL-Enel va a una audiencia crucial el próximo 3 de julio en el Tribunal Cuarto de Sentencia.
Ese día se definirán las medidas que deberá tomar el Gobierno frente a las obligaciones del Acuerdo Marco que el Estado se comprometió a cumplir en diciembre con la empresa italiana Enel, en Washington DC, para poner fin a un litigio de más de una década, pero también para resolver un proceso que ha sido calificado como parte de una “persecución política” del actual partido oficial, el FMLN, contra miembros de su principal opositor, ARENA.
Además, el juez determinará si acepta cambiar el delito de peculado a negociaciones ilícitas tal como lo ha solicitado la defensa de ocho exfuncionarios acusados de favorecer a la firma en la suscripción del contrato para la explotación de la geotermia en el país.
El tribunal admitió el miércoles las peticiones sobre estos tres puntos que hicieran la Fiscalía y la defensa y ha fijado el 3 de julio para celebrar la audiencia especial y definir qué pasará con el caso, que a año y medio de abierto no arroja conclusiones ni prueba que los acusados cometieron delito, según han afirmado sus defensores.
El arreglo entre la paraestatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL) y la empresa Enel se ha complicado después que la primera anunció que se reserva el derecho de abrir un juicio civil por daños y perjuicios contra los acusados originalmente y actuales en el caso, algo que el Acuerdo Marco y otros documentos ya habían descartado.
Según se ha advertido, el incumplimiento de este punto podría frustrar un cierre definitivo del proceso de arbitraje abierto entre Enel y el Estado salvadoreño en el Centro de Arreglo de Disputas de Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), en Washington, algo que no le conviene al país.
De allí que el Ministerio Público requiera que el tribunal defina las medidas que se tomarán para que el Estado cumpla el compromiso, pese a la negativa de la CEL.
Un caso insólito
En noviembre de 2013, la Fiscalía General de la República acusó a 21 personas, entre ellas exfuncionarios del gobierno y ejecutivos de la empresa italiana Enel Green Power S.p.A. de cometer fraude al Estado al propiciar la venta de acciones a Enel y causar pérdidas a la CEL.
En los meses previos y desde el púlpito de Casa Presidencial, el entonces gobernante Mauricio Funes lanzó una campaña virulenta en los medios y sobre todo por su programa de radio “Conversando con el Presidente”, que encadenaba a decenas de emisoras, repitiendo una y otra vez las acusaciones del caso hasta el hartazgo, así como en cada conferencia de prensa.
Sin embargo, en la primera audiencia, la Jueza Séptima de Paz, Carmen Jiménez, determinó que los acusados habían actuado apegados a la ley y que la acusación era débil, por lo que exoneró de cargos a 12 de los acusados. Pero el caso pasó a la Cámara Primera de lo Penal, que resolvió en contra del resto de los acusados y la firma italiana.
Posteriormente y tras un valúo cuestionado, realizado por la firma Ochoa Benítez, fundada por el exministro de Agricultura de Funes, Pablo Ochoa, se ordenó un embargo de más de $1,800 millones contra Enel y los acusados.
Tras el arreglo en el Ciadi, se retiraron los cargos contra los representantes de Enel, pero la CEL pidió mantenerlos contra los demás y se reservó el derecho de proceder civilmente contra estos últimos y los que fueron eximidos de responsabilidad al inicio.
Es así como la acusación se ha mantenido contra el expresidente de la CEL: Guillermo Sol Bang, Jorge José Simán, Pedro Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría, Thomas Hawk Baker, así como el exministro de Economía, Miguel Lacayo.
La Fiscalía ha planteado que, cuando se inició el proceso de contratación de un socio estratégico para la explotación de la geotermia en el país en 2002, los exdirectivos de la autónoma permitieron irregularidades con tal de eliminar la competencia en la licitación con que se buscaba el socio estratégico e incluso ha dicho que con sus acciones marginaron a la Asamblea para que esta no fiscalizara las decisiones de la CEL y así beneficiar al socio Enel.
Todo eso, dijo la parte fiscal, causó un daño al Estado y cifró ese perjuicio en más de $2 mil millones. Como parte de los reclamos, pidió además embargarle 54 propiedades a las personas acusadas.
Pero la defensa ha señalado que la Fiscalía no ha presentado pruebas sobre la supuesta conspiración de exfuncionarios para entregar a una empresa extranjera la mayoría de las acciones de la explotación geotérmica del país.
“Persecución política”
La defensa de los imputados ha refutado cada acusación e incluso se ha advertido que se trata de un caso de “persecución política”.
De hecho la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en su reciente editorial del 17 de junio, coincidió en que el caso no tiene fundamento legal ni ético, que es más político y fue “fabricado” por el gobierno de Funes. (Ver editorial completo a la par de esta nota).
La defensa también ha dejado claro que los acusados actuaron apegados a la Ley General de Electricidad (LGE) y que se contrató la explotación conjunta de un recurso natural, no la entrega del subsuelo, que es un bien del Estado.
También han defendido que el asocio constituido entre CEL y Enel no contempla la venta de ningún activo ni compromete acciones, subsuelo, propiedades y plantas del Estado, sino que se hizo bajo la modalidad de capitalización, lo que permite al socio una mayor participación accionaria solo a través del capital invertido en el aumento de la generación de energía.
También han aclarado que el artículo 13 del Acuerdo de Accionistas le permite al Estado, aún siendo minoritario, defender su patrimonio si se ve amenazado, además que tiene poder de veto en todo tipo de decisiones trascendentales del socio estratégico.
La jueza Jiménez refutó que no era sólido el planteamiento de que ese supuesto fraude al país comenzó con la aprobación de la ley y otras que fueron utilizadas para hacer una privatización encubierta, pues dos años atrás las leyes le permitían a la CEL constituir empresas y manejar el servicio como privado.
Pero lo más determinante ha sido el hecho de que en diciembre, tras firmar el Acuerdo Marco, la CEL le compró las acciones a Enel por $287 millones. Esto, a juicio de los defensores, deja claramente establecido que la operación inicial de contrato entre CEL y Enel no fue ilícita, porque si no el Gobierno no hubiera podido comprar las acciones ahora. Es decir, ¿cómo el Gobierno pudo adquirir acciones a la empresa si califica de irregular la venta que se le hizo en 2002?
Esto mismo dinamita toda la acusación en el caso, según los defensores, pues deja en claro que no fue ilícita la gestión inicial de asocio con la empresa italiana.
Más bien, según la defensa, el Estado a través de la CEL e INE, ha captado dividendos de $500 millones hasta 2014 por medio de su asocio con Enel.
Defensa: no hay pruebas y sí muchas anomalías
En calidad de pruebas, la parte acusadora ha presentado abundante documentación, entre ellas el contrato, actas de reuniones del consejo directivo de la CEL, correos electrónicos de los directivos en los que supuestamente revelan las comunicaciones y movimientos para fraguar la venta favorable a Enel.
Para la defensa han ocurrido varias anomalías como el silencio ante un informe pericial que se presentó en el proceso y que ha sido cuestionado por el exagerado monto de los supuestos daños al Estado y el que haya sido elaborado por el bufete fundado por el ministro de Funes, Pablo Ochoa.
Acuerdo sin cumplir
El último cambio que ha pedido la Fiscalía es la exoneración de responsabilidad civil para todos los imputados, pero ha mantenido los de tipo penal para los exdirectivos de CEL.
El pasado 7 de junio se venció el plazo de 180 días para que Enel y el Estado salvadoreño se sentaran a revisar si el Acuerdo Marco se ha cumplido íntegramente.
Pero, si no se define el tema de la responsabilidad civil, El Salvador irá a la cita con ese pendiente y el caso no se podrá cerrar, según han explicado especialistas del Derecho.
De allí que el Estado necesita que se resuelva el tema civil y penal de una vez por todas, para acabar con un caso que desgasta y polariza más a los salvadoreños.