Aunque observa que hay “desacuerdos” entre el Gobierno, el FMLN y los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, califica de positivo que el Gobierno respete las resoluciones del Máximo Tribunal de Justicia, ya que para EE. UU. el “respeto al Estado de Derecho es muy importante”, afirmó.
“Hemos observado como oficiales del Gobierno han expresado su desacuerdo con algunas de las decisiones del Tribunal Supremo de El Salvador, entre ellos, el presidente (Salvador) Sánchez Cerén, pero también notamos que aunque están en desacuerdo con las decisiones las han obedecido y hasta ahora se están obedeciendo y para nosotros eso es muy importante”, afirmó ayer Aponte tras inaugurar con los ministros de Salud, Violeta Menjívar y de la Defensa, David Munguía Payés, el barco hospital USNS Comfort, en Acajutla, de Sonsonate.
Añadió que los EE. UU. prefiere mantenerse al margen de los “asuntos internos”, de El Salvador, pero que esperan que los problemas entre el Ejecutivo y la CSJ se resuelvan pronto.
“Estos son asuntos internos ante los cuales el Gobierno de El Salvador tiene y debe resolver, nosotros nos limitamos a observar que hay desacuerdos en las decisiones de la Sala de lo Constitucional, pero que están respetando y para nosotros el respeto al Estado de Derecho es muy importante”, argumentó.
Sin embargo, los diputados del FMLN en la Asamblea Legislativa han enfatizado que los magistrados de la Sala de lo Constitucional se han prestado a “intereses de ARENA” al emitir la más reciente resolución con una medida cautelar que inhibe al Gobierno colocar $900 millones en bonos.
Esto, tras admitir una demanda ciudadana que cuestiona el proceso llevado a cabo para su aval en abril pasado.
El argumento es que con el voto de Wilfredo Guevara, diputado suplente de GANA se logró la mayoría calificada para un dictamen que debía ser enviado al archivo por no haber obtenido en una primera votación los 56 votos en el pleno, incumpliendo así con lo que dicta la Constitución de la República.
Sánchez Cerén en su programa sabatino “Gobernando con la Gente”, realizado el sábado en Nahuizalco, de Sonsonate, culpó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de fomentar la violencia por impedir que el Gobierno emita $900 millones en títulos valores.
“La Sala de lo Constitucional debe asumir los costos del aumento de la violencia porque le quitaron los fondos al Gobierno para combatirla”, lamentó el sábado pasado Sánchez Cerén.
Pero es el caso que la Asamblea le avaló al Estado en septiembre de 2014 más de $4,500 millones en su presupuesto anual para este año, así como varios préstamos que según el FMLN y el Ejecutivo van para el combate a la criminalidad, algo que ha sido muy cuestionado por ARENA, aduciendo que el dinero no alcanza por falta de austeridad.
Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa, lamentó que de los $900 millones en bonos, $100 millones serían destinados específicamente para reducir la inseguridad en el país.
Al respecto, Munguía Payés explicó ayer que Hacienda no ha podido entregarles $23 millones que necesita la Fuerza Armada para sostener a 6,300 reservistas que fueron contratados desde hace seis años para apoyar a la Policía.