A Estados Unidos le preocupa que el caso CEL-Enel se “resuelva lo más pronto posible y que se adjudique de acuerdo con las leyes salvadoreñas”, expresó ayer la Embajadora estadounidense en el país, Mari Carmen Aponte.
El tema es de tal trascendencia para el Gobierno de los EE. UU. que tanto Aponte como funcionarios de la Embajada Americana se han reunido con dos de los ciudadanos americanos que “han estado envueltos en este caso”, y con oficiales de “alto rango salvadoreño”, afirmó la embajadora ayer tras un evento en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA).
“Nosotros estamos observando de cerca el caso, yo personalmente me he reunido con dos ciudadanos americanos que han estado envueltos en este caso, en esas reuniones no fui solamente yo, sino con varios funcionarios de la Embajada”, aseveró Aponte.
Los dos ciudadanos americanos a los que hace alusión Aponte son: Miguel Lacayo, exministro de Economía y Thomas Hawk, exdirectivo de la comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), quienes poseen la ciudadanía salvadoreña y estadounidense, ambos fueron exonerados por el Juzgado Séptimo de Paz de un juicio por daños y perjuicios en el caso incluyendo a un ejecutivo de la empresa italiana Enel Green Power, Paolo Pietrogrande.
Pese a esto, CEL apeló la resolución judicial para que exfuncionarios y un directivo de Enel paguen por daños y perjuicios, una decisión que ignora también el Acuerdo Marco al que se comprometió junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la firma italiana Enel para cerrar el litigio que lleva más de 10 años de vigencia.
Además, el pasado 7 de junio se venció el plazo para revisar si se han cumplido los compromisos del Acuerdo Marco que el Estado salvadoreño firmó en Washington, EE. UU. con la empresa italiana en diciembre del año pasado, acto en el que el Fiscal General de la República, Luis Martínez, actuó como representante del Estado, con el fin de dar por terminado el litigio.
De no cumplirse con dicho convenio el país se arriesga a que la firma italiana vuelva a reactivar el juicio en su contra en el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, en Washington DC.
El Acuerdo Marco consistió en excluir de total responsabilidad a la empresa italiana a cambio de que esa empresa le vendiera al país en $280 millones el 36.2 % de acciones de Enel en LaGeo, pero la representación legal de la CEL alega que la extinción de la acción civil únicamente puede darse por renuncia.
“Este es un acuerdo histórico para el país, porque se pone fin a un largo, costoso y delicado litigio. Es un excelente resultado para nuestra nación, que genera confianza para los inversionistas locales y extranjeros. Como defensor de los intereses del Estado, me siento orgulloso y satisfecho al rubricar el acuerdo, que garantiza el respeto a los intereses y leyes salvadoreñas. Todo el país debe sentirse orgulloso”, expresó en ese entonces el fiscal Martínez.
En la salida al caso CEL-Enel que se desarrolla en contra de ocho implicados en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador es fundamental que la Fiscalía reconozca, según el dictamen de la Jueza de Paz, Évelyn Jiménez, que CEL no se puede desvincular del Acuerdo Marco con la firma italiana debido a que existió participación en todo el proceso por parte del presidente de la autónoma, David López Villafuerte.
De acuerdo al abogado Arturo Muyshondt, quien defiende al exministro Lacayo y al exdirectivo de la CEL, Hawk, el juez 7o. de Instrucción de San Salvador, decretó auto de apertura a juicio con información “viciada, selectiva y de fuentes contaminadas”.
Muyshondt afirma que el sustento de la FGR carece de lógica jurídica, falta de pruebas y que no existe delito que perseguir.
Y que también se trata de una acusación selectiva porque se dejó fuera a gente allegada al Gobierno previo a judicializar el caso.
Críticas al Gobierno
Al momento y ante la apelación que hizo la CEL ante el Juzgado de paz, a pesar del compromiso adquirido en diciembre en Washington para dar por cerrado el conflicto jurídico entre el Estado y la italiana Enel, la columnista estadounidense Mary Anastasia O’Grady del The Wall Street Journal, pone el dedo en la llaga al exponer que EE. UU. apoya a un Gobierno que enjuicia a dos ciudadanos estadounidenses.
La opinión de O’Grady fue publicada en el The Wall Street Journal el pasado 1 de junio, fecha en que el presidente Salvador Sánchez Cerén rendía cuentas de su primer año de Gobierno a los diputados de la Asamblea Legislativa.
La columnista destaca que mientras Lacayo y Hawk “están en el aire” en el país, Estados Unidos no deja de apoyar económicamente a El Salvador, sin importar que trate de inculpar a dos de sus ciudadanos con un proceso en el que “aún no se ha identificado públicamente delito alguno”, pese a que los juzgados cuentan con más de 110,000 páginas sobre el caso.
La columnista de opinión se refirió específicamente a los $277 millones que los EE. UU. ha autorizado para apoyar al país en el desarrollo productivo de la franja costera del país.
A criterio de O’Grady lo actuado recientemente por el Estado salvadoreño envía un mal mensaje a los inversionistas extranjeros, lo que va en detrimento de la ya deteriorada economía del país.
“Este caso expone la destrucción deliberada del estado de derecho. En 2000, el Índice de Libertad Económica de The Wall Street Journal/Heritage ubicó a El Salvador como la novena economía más libre del mundo. Ahora es la número 62. La semana pasada la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dijo que en 2014 El Salvador recibió apenas 3 % de toda la inversión extranjera directa en Centroamérica”, reza uno de los párrafos de la columna de opinión en mención. (Ver la columna completa anexa a esta página).