En dos ocasiones, el presidente Salvador Sánchez Cerén ha tomado el micrófono en un evento público para protestar ante la decisión de la Sala de lo Constitucional de estudiar la legalidad del proceso de aprobación de deuda solicitada por él.
El sábado pasado, en Nahuizalco, aprovechó su discurso en el llamado festival del Buen Vivir para nuevamente criticar por segunda vez a los magistrados que el pasado 9 de junio admitieron la demanda contra la aprobación de los $900 millones en bonos que hicieron las bancadas del FMLN, GANA, PCN y PDC pocos días antes de que terminara la legislatura anterior.
“La Sala de lo Constitucional debe asumir los costos del aumento de la violencia porque le quitaron los fondos al Gobierno para combatirla”, les increpó a los magistrados: Belarmino Jaime, Rodolfo González, Sidney Blanco Y Florentín Meléndez.
“No piensan en el país”, les dijo el presidente, pero también los acusó de defender una agenda política afín al partido ARENA y de querer amarrar económicamente al gobierno al frenarle la colocación de los bonos.
Tras la admisión, la Sala ordenó suspender cualquier trámite relacionado con la colocación de los bonos, una decisión que ha encendido los ánimos del Presidente, pero también de la dirigencia del partido gobernante.
Desde la cúpula a diputados han culpado a la Sala de afectar la inversión en la seguridad y los programas sociales; sin embargo, esto ha sido rechazado por otros sectores, que le han achacado al gobierno que sí tiene de dónde sacar dinero mientras la Sala resuelve la demanda.
Además les han hecho ver que la Sala no tiene la culpa de que se haya vulnerado el procedimiento al aprobar de esa manera esa emisión.
La aprobación fue avalada en una segunda votación en la sesión plenaria del 23 de abril, luego de que en la primera intentona no lograran reunir los 56 votos debido a que la diputada Sandra Salgado votó en contra.
Sin ese voto y su posterior retiro de la plenaria, fue sustituida por el diputado suplente de Guillermo Gallegos. Con el voto 56 asegurado, sometieron nuevamente a votación el proyecto.
Pero luego vino la demanda en la que se argumenta una vulneración del procedimiento constitucional, pues el proyecto de ley, una vez rechazado, no puede ser propuesto a votación sino dentro de seis meses.
En la demanda se expone además que la sustitución de la diputada Salgado se hizo con una persona que no era su suplente, por lo que su voto no se considera válido. Por tanto, el dictamen se habría aprobado con 55 votos, algo que violentaría el proceso.