La Fiscalía General de la República (FGR) se propone definir de una vez por todas el caso CEL-Enel y que se cumpla el Acuerdo Marco en su totalidad, incluyendo la liberación de responsabilidad civil para los involucrados, uno de los compromisos asumidos por el Estado salvadoreño en diciembre pasado.
La idea es certificar el cumplimiento de los compromisos y cerrar el juicio promovido el año anterior por Enel en el Centro de Arreglo de Disputas sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
“Hemos pedido una audiencia especial (en el Tribunal Cuarto de Sentencia) y ahí esperamos resolverlo todo para cumplir el acuerdo que se firmó en el CIADI… Ya pedimos que se liberan las responsabilidades civiles. Todo esto ya fue contenido dentro de la misma negociación financiera que se dio”, declaró el Fiscal General, Luis Martínez, tras un acto oficial ayer por la mañana (ver declaraciones en página 4).
El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, ha insistido en no liberar de responsabilidad civil a los involucrados en el caso CEL-Enel, pese a que el funcionario participó en las negociaciones en las que se acordó lo anterior e incluso firmó finiquitos para la empresa italiana y los acusados.
Sin embargo, el mismo Fiscal General de la República, Luis Martínez, le recordó ayer que el Estado salvadoreño tiene la obligación de cumplir con el Acuerdo Marco suscrito entre con Enel, el cual contempla la liberación de la responsabilidad civil como se pactó.
Dicho acuerdo acabó con diez años de litigio entre el Estado salvadoreño y Enel por desacuerdos en el control de la explotación de la geotermia en el país.
CEL extendió finiquitos
Según documentos a los que tuvo acceso El Diario de Hoy, López Villafuerte firmó, tanto en representación de CEL como de su filial INE, dos finiquitos donde liberó de responsabilidad a Enel, sus subsidiarias y afiliadas, incluyendo ejecutivos, directores y funcionarios.
También, el presidente de LaGeo, Daniel Ernesto Rodríguez, suscribió un finiquito similar a favor de Enel.
Según los documentos, CEL, INE y LaGeo se comprometieron “a no hacer más reclamos por ningún hecho contra Enel, sus accionistas, directivos, representantes, mandatarios o funcionarios por hechos pasados, actuales o futuros” (ver documentos en la parte superior).
Pero López Villafuerte alegó, la semana anterior, que CEL ya cumplió el Acuerdo Marco en su totalidad y que el caso “no se puede reactivar”, aunque no se haya cumplido la parte de que no se abrirá un proceso civil o por daños y perjuicios–como se establece en los finiquitos emitidos– en vista de que ya hubo un arreglo.
“Ya hubo un acuerdo comercial que es la base de todo lo que hemos hecho y ahí dice que cumplimos. Incluso tengo una carta en la que Enel dice que hemos finiquitado la parte comercial, el CIADI se terminó”, afirmó el presidente de CEL.
Sin embargo, el fiscal Martínez no piensa igual y sostuvo que el caso se tiene que cerrar formalmente y con el cumplimiento de todos los compromisos en el tribunal del CIADI. El cumplimiento total del Acuerdo Marco pasa por el hecho de exonerar la responsabilidad civil.
Pero al preguntarle a López Villafuerte si el proceso en el CIADI podría continuar si no se desiste de la acción civil en el país, el presidente de la autónoma se limitó a decir que “eso ya no depende de la CEL”.
Sin embargo, el abogado Luis Parada, del bufete Foley Hoag, que defiende a El Salvador en el litigio, ha advertido que el incumplimiento del Acuerdo Marco genera “incertidumbre en el proceso internacional” en el Ciadi.
El 7 de junio pasado venció el plazo acordado por el Estado salvadoreño y Enel para entrar a un proceso de revisión del cumplimiento del Acuerdo Marco.
Aplicación parcial
La defensa en el caso ha señalado que no se puede aplicar parcialmente el Acuerdo Marco.
Para Édgar Morales Joya, defensor del expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, se ha aplicado “de forma parcial” el Acuerdo Marco, lo cual es contradictorio, porque la exención de la responsabilidad civil sólo se ha aplicado a Vicente Machado, ejecutivo de Enel, pero no al resto de imputados.
Incluso, recordó que el Estado salvadoreño le compró las acciones a Enel, lo cual significa que éstas eran legítimas y, por tanto, no tiene sentido el proceso penal abierto contra ocho exfuncionarios que estuvieron relacionados con el contrato con Enel en 2002.
“Desde el momento que el Estado y CEL adquieren las acciones están reconociendo que todo fue legal, todo se hizo con fundamento”, valoró Morales Joya.
Por su parte, el abogado Arturo Muyshondt, defensor del exministro de Economía, Miguel Lacayo, señaló que tiene que haber equidad en todo el proceso porque si le compraron las acciones a Enel, era porque realmente no tenían un origen ilícito.
“Caso contrario, el presidente y los directivos de CEL actuales se exponen a una persecución judicial que puede durar hasta 15 años, después de dejar de ser funcionarios por su proceder”, advirtió el abogado.
Lo anterior significa que incluso los actuales directivos de la CEL podrían haber cometido peculado de $287.6 millones al comprar las acciones de Enel, señaló Muyshondt.
La audiencia del 3 de julio es crucial para definir el caso ante el CIADI, pero también para un proceso que ha sido calificado como parte de una “persecución política” del actual partido oficial, el FMLN, contra miembros de su principal opositor, ARENA.
Además, el juez determinará si acepta cambiar el delito de peculado a negociaciones ilícitas tal como lo ha solicitado la defensa de los exfuncionarios acusados de favorecer a la firma en la suscripción del contrato para la explotación geotérmica en el país.