El Juez de Paz de San Luis de la Reina, en San Miguel, ha ordenado congelar los bienes que se encuentran en el hoyo de El Chaparral y que se supone pertenecen a la empresa italiana Astaldi, informó la Fiscalía General de la República.
La Fiscalía sigue las pesquisas sobre la malograda construcción de la represa, que fue dejada a medias por la empresa italiana Astaldi, a pesar de lo cual la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) terminó pagándole $108 millones de dólares en el gobierno de Mauricio Funes.
El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, confirmó que el tribunal ha “inmovilizado una grúa grande, una trituradora (que convierte la piedra en arenilla o en grava) y una concretera que aparentemente son propiedad de Astaldi”.
Explicó que aun cuando la empresa había pedido al referido juzgado que se le permitiera sacar esos bienes del proyecto, todavía no está claro incluso si le pertenecen, porque aparecían contabilizados en el valúo que realizó la empresa supervisora para determinar el avance de construcción de la obra, en el que la había dejado Astaldi.
“Como iba incluida en el valúo, se supone que fue pagada esa maquinaria, pero también los de Astaldi la están reclamando como que si fuera de ellos”, explicó el fiscal.
En su momento, la empresa supervisora realizó un valúo de cuánto ascendía lo que Astaldi había construido en 2012, cuyos resultados sirvieron para que CEL y Astaldi acordaran un arreglo directo para finiquitar el contrato.
CEL y Astaldi adujeron “imprevistos imprevisibles” en la obra para dar por cerrado el contrato, arreglo que fue defendido por Funes, aduciendo que era mejor pagarle a la empresa italiana lo que pedía, que irse a un arbitraje o juicio internacional.
En su momento, se alegó que “la montaña se movió” a raíz de una tormenta, pero el hecho no quedó claro.
Sin embargo, otros peritos harán un nuevo valúo, pero esta vez será solamente para definir el valor de los tres bienes que han sido congelados y que la empresa italiana Astaldi reclama como suyos.
Otras de las pretensiones de la Fiscalía al pedir la inmovilización de la maquinaria tiene que ver con garantizar la judicialización del caso.
Además podría servir para que la empresa italiana pueda responder económicamente si en caso resulta responsable de alguna irregularidad, dijo el fiscal.
Sin embargo, la situación se le volvería complicada, porque si CEL establece que esos bienes son de ellos porque ya se los pagó a Astaldi, dentro de los $108 millones que les dio, entonces la autónoma tendría que tomar las medidas que crea convenientes.
Amaya, quien recientemente realizó una inspección junto al juez del caso para avalar el mantenimiento de la maquinaria cuando sea necesario, explicó que el valúo que se le haga a los bienes congelados será para efectos de que pueda responder la empresa italiana ante la CEL.
“Si están inmovilizados significa que Astaldi no puede tocarla y la única forma de tocarla es que el juez autorice. También íbamos a ver de que la maquinaria se mantenga en un estado óptimo, para ver cómo se le iba a dar mantenimiento, cuando fuera necesario que el juez autorizara ingresar y darle el mantenimiento debido y a quien él autoriza”, dijo Amaya.
Se les pidió, a través de las oficinas de comunicaciones, una posición institucional a la empresa Astaldi y a la CEL en relación con el congelamiento de los bienes, pero no se tuvo ninguna respuesta de la empresa y la referida institución.
Terreno no era el adecuado
En marzo de 2014, en una primera inspección que hiciera el Fiscal General, Luis Martínez, al proyecto inconcluso, manifestó que el suelo en el que se comenzó a construir la represa El Chaparral no era lo suficientemente sólido y los encargados de la obra lo sabían y aún así la iniciaron, según explicó entonces.
“El terreno es tan frágil que las piedras al chocar unas con otras se quiebran fácilmente, aunque dan la apariencia de ser rocas, pero son tan frágiles que se fracturan fácilmente, todo eso lo pudimos observar”, dijo Martínez, tras inspeccionar el proyecto entre los municipios de San Luis de la Reina y Carolina, al norte del departamento de San Miguel.
Voluminoso expediente de investigación
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía tiene un aproximado de 200 cajas con fotocopias de la documentación que “sirvió” para calcular el pago de los 108 millones de dólares a través del arreglo directo.
“Toda esta información hay que analizarla para ver si era conveniente pagar el trato directo o no era conveniente”, dijo Amaya. Agregó que los peritos realizan un estudio de la obra inconclusa.
Las conclusiones a las que lleguen los peritos en su estudio determinarán si la empresa Astaldi tenía razón en suspender la construcción o no era razonable prescindir del contrato, explicó Amaya.
“Si eso que se pagó era lo que se le tenía que pagarse o en su defecto no tenía que pagarse, eso vamos a verificar, ellos dicen que sí… ahora vamos a verificar si es cierto, si era lo más conveniente, si era legal, y eso lo tenemos que verificar en las investigaciones, y si todo está dentro de la normativa nacional, entonces ¿cuál es el problema?”, se preguntó Amaya.
La empresa Astaldi suspendió los trabajos de construcción de la represa El Chaparral porque argumentó que “la margen derecha del proyecto se movía y por lo tanto no se podía construir ahí”, entonces la Fiscalía deberá constatar que los argumentos de la empresa italiana son válidos o simplemente era una justificación para no continuar con la construcción, agregó.
Además de que si CEL tuvo alguna responsabilidad de pagarle a Astaldi aún cuando no siguió con el proyecto.
En esa ocasión, Astaldi pidió a CEL que le aumentara el costo del contrato y que se extendiera el plazo de construcción, una situación a la que CEL se oponía porque el contrato no se podía modificar y obligaba a la empresa a terminar la obra en el plazo original.
A raíz de esas diferencias, tanto Astaldi como CEL comenzaron a tratar de alcanzar algún acuerdo hasta que llegaron al arreglo directo.
“Lo que pasa es que ellos (Astaldi) no decían dónde se podía hacer, solo decían que no se podía hacer nada, ellos solo decían eso y no daban una solución”, señaló Amaya.
El fiscal dijo que se está a la espera de los resultados que arrojen los análisis hechos por el geólogo y el geotecnista contratados por la Fiscalía para analizar el terreno.
Las investigaciones de las supuestas irregularidades en el pago de los $108 millones a la empresa Astaldi, por parte del gobierno que presidía Mauricio Funes, surgieron a raíz de la denuncia de un grupo de diputados que cuestionó el hecho de que se haya cancelado esa cantidad millonaria por un “hoyo”.
Astaldi alegó en su momento que la construcción tenía un 38 por ciento de avance, por lo que reclamó el pago de los $108 millones, es decir, el equivalente al 50 por ciento de lo que costaba la obra, la cual ascendía a los $219 millones.