La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) rechazaron el anuncio del gobierno de aplicar un nuevo impuesto para la seguridad, en vista de que el problema no es la falta de recursos sino la ineficiencia y la mala administración de los mismos.
La muestra más palpable es que el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, admitió ayer que tienen $138.2 millones en préstamos internacionales que aún no se han utilizado. (Ver nota parte).
“El gobierno del FMLN es el gobierno que más recursos ha recaudado, más impuestos, casi 23 mil millones de dólares en cinco años; es el gobierno que más donaciones ha recibido en los últimos gobiernos, casi 600 millones, un poquito más de 600 millones de dólares, y es el gobierno que más deuda adicional ha adquirido: casi 4 mil 500 millones de dólares adicionales en deuda, el Seguro Social en el último quinquenio es el que más recursos ha recibido, y nuestros trabajadores no tienen medicamentos”, reclamó el presidente la ASI, Javier Simán.
Las gremiales recordaron que la causa esencial no son los limitados recursos económicos para financiar el desempeño de las instituciones en la materia, sino la poca capacidad del gabinete de seguridad de construir e implementar políticas tanto en la prevención como en el combate al flagelo.
“No creemos que es un tema de recursos, es un tema de mala administración, mal manejo y que hay que orientar los recursos apropiadamente, no es un tema de falta de recursos, creemos que este es un plan estratégico para ir justificando mayores impuestos a la población”, subrayó Simán.
Jorge Daboub, presidente de la ANEP, calificó de contradictoria la manera de cómo el gobierno busca más dinero a través de nuevos tributos.
“Ellos se justifican porque dicen que necesitan más dinero con un nuevo impuesto, pero a su vez no dan respuestas de por qué no han utilizado tres préstamos para frenar la inseguridad. El gobierno tiene dinero, lo que sucede es que no hay un rumbo claro, mientras las cifras de homicidios siguen subiendo”, consideró Daboub.
Más impuestos
Por su parte, Simán dijo que la mala administración de los fondos públicos es parte de un propósito para ir justificando más impuestos a la población, que según su criterio aún no ve resultados que le garanticen seguridad ciudadana.
“Este y el anterior gobierno han sido los que más recursos han captado y a pesar de ello contraen deuda de forma recurrente y sin definir un compromiso con la eficiencia en cada una de sus decisiones. El más claro ejemplo es que en seguridad pública no hay resultados y la población puede dar fe de ello porque la tasa de homicidios sigue siendo elevada”, indicó Simán.
Al respecto Daboub consideró que el gobierno no establece compromisos ni indicadores para poder medir la eficiencia de su gestión (sobre todo en el tema de la seguridad) y que es preocupante como el endeudamiento se ha convertido en la única alternativa para resolver las responsabilidades de la administración pública.
“Es lamentable como el gobierno no para de contraer deuda cuando se tienen importantes recursos a través de las contribuciones de todos los salvadoreños. Nosotros tenemos claro que la única forma de resolver la inseguridad es con crecimiento económico y apostándole a la generación de empleo, lo cual solo se logra con inversión y con reglas de juego claras”, agregó Daboub.
Desincentiva inversión
Simán incluso valoró que al hablar de nuevos impuestos el gobierno está desincentivando la inversión y sobre todo se está retrocediendo aún más en los indicadores de competitividad y de negocios. Incluso dijo que el gobierno se está justificando y ha encontrado en el tema de la inseguridad el mejor argumento para comprometer más al país.
“La discusión en nuestro país no debe de ser qué nuevos impuestos se necesitan, sino cómo aprovechar mejor los ya existentes. Imponiendo solo se profundizará aún más la crisis económica, porque tener más dinero en las arcas públicas no vuelve mejor a un gobierno”, razonó el representante de la ASI.
El gobierno de Sánchez Cerén ha culpado a la Sala de lo Constitucional de que supuestamente no tenga recursos para la seguridad, debido a que el máximo tribunal congeló la emisión de deuda por $900 millones mientras estudia si fue legal su aprobación.
“Hace tres, cuatro semanas, el ministro de Seguridad decía que no podían combatir la criminalidad porque los empresarios no pagábamos impuestos, hoy están diciendo que no pueden combatir la criminalidad porque la Sala de lo Constitucional les ha quitado los recursos”, reclamó Simán.
“Pareciera que están buscando excusas por no poder combatir la criminalidad”, observó.