Las pandillas y otros grupos delincuenciales han recrudecido la violencia en el país al inicio de la Semana Santa, saliéndose los homicidios de las manos de las autoridades de Seguridad Pública.
El poder de las pandillas llega a tal extremo, que en pocos días han lanzado granadas a tres puestos de la Policía y han atacado a agentes de la corporación, en un evidente desafío a la autoridad.
Los homicidios van en una alza sin control, las pandillas han elevando el promedio de asesinatos a 15 diarios, pero algunos días la cifra es mayor, como ocurrió el lunes, cuando los casos se duplicaron a 31 asesinatos.
El espiral de violencia ha llegado a tal grado, que los esfuerzos de las autoridades parecen poco efectivos.
Entre las víctimas de la ola de asesinatos hay nueve personas (entre ellas una mujer) que fueron ultimadas en un predio donde se guardan furgones y cabezales, en el cantón Colombia en Quezaltepeque, La Libertad.
Las autoridades presumen que esta matanza se habría derivado de un ajuste de cuentas por la venta y distribución de droga (Ver nota página 5).
Menos de 10 horas después, un grupo de pandilleros atacó a balazos a cinco hombres que estaban departiendo en una urbanización de Apopa. La Policía informó que dos de las víctimas murieron y el resto sufrió lesiones de gravedad.
Este incremento de muertes ha puesto en aprietos al Instituto de Medicina Legal, cuyo director, José Miguel Fortín Magaña, admitió ayer que están en “emergencia” debido a que el número de cadáveres a los que deben hacerle el reconocimiento forense es mayor al habitual.
Por si fuera poco, las pandillas continúan desafiando a los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).
Entre la madrugada del jueves anterior y la noche del lunes, las subdelegaciones de Ilobasco, en Cabañas, así como la de Guazapa y San Marcos, en San Salvador, fueron blancos de ataques con granadas. En ninguno de los casos hubo víctimas, pero sí daños materiales.
Ese mismo jueves, agentes de una unidad elite de la PNC se enfrentaron a balazos con varios pandilleros de la mara Salvatrucha que tenían una “convención de cabecillas” en una finca que habían usurpado —desde hace varios días— en San José Villanueva, La Libertad.
En la balacera murieron siete delincuentes (entre ellos una mujer) y un empleado de la finca. Además, un policía resultó lesionado pero no de gravedad.
Un día después, dos agentes destacados en la subdelegación de Usulután fueron emboscados por al menos ocho pandilleros en la calle al cantón Puerto Parada, del referido departamento, mientras estaban de servicio.
Uno de los agentes pereció y el otro resultó ileso. Fuentes policiales no descartaron que el ataque lo cometieran integrantes de la mara Salvatrucha, en venganza por las muertes de los cabecillas de la estructura delictiva.
Ayer otro agente fue atacado en las cercanías de la Universidad de El Salvador desde un vehículo, informaron las autoridades.
La crisis es efecto de la tregua con las pandillas
El criminólogo, Carlos Ponce, no duda de que el recrudecimiento actual de la violencia sea una “consecuencia directa” del pacto con las pandillas que hizo el Gobierno del expresidente Mauricio Funes mediante su exministro de Seguridad, David Munguía Payés.
El especialista señaló ayer que diferentes sectores advirtieron, en su momento, que negociar con los grupos delincuenciales podía fabricar una “reducción artificial” de la cifra de homicidios, pero que en el futuro el número de asesinatos sería mayor al que se registró en 2012, cuando se hizo el pacto con las maras.
“Al negociar con ellas (las maras) el Gobierno solo aparentó que estaba atacando el problema, jactándose de la disminución (de homicidios) en las estadísticas… Pero el aparato de Seguridad no evolucionó, retrocedió, y ahora estamos menos preparados que cuando se inició (la tregua)”, explicó Ponce.
A juicio del criminólogo, las pandillas aprovecharon el periodo de negociación con el Gobierno para sofisticarse y para incrementar el control territorial en las comunidades, organizarse, armarse y mejorar su logística.
Ni los dos homicidios múltiples donde murieron 17 personas; ni el asesinato del policía y los ataques con granadas en las sedes policiales han hecho que el ministro de Seguridad, Benito Lara, se haya pronunciado al respecto, es el gran ausente.
Al respecto, Ponce señaló que “el aparato de Seguridad estatal está abrumado por la crisis tan profunda” en la que está sumergida el país.
También cuestionó que el cargo para velar por la seguridad nacional lo ocupe una persona que no tiene experiencia en la materia, sino que se le ha designado en el puesto por afinidad política. Opinó que se debe revaluar quiénes están al frente de la seguridad del país.