La decisión del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) de no investigar al presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, en la compra de varios terrenos al Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), junto a su exasesor y socio en la empresa Terrein, S.A. de C.V., a un precio menor del establecido en el mercado fue criticada ayer por Fusades y la ANEP.
El argumento que el TEG manifiesta en su resolución del 24 de marzo de que la ley de esta entidad no los faculta para “salvaguardar el patrimonio del Estado”, fue rechazada de tajo por Javier Castro, director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y el director Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Arnoldo Jiménez.
“Mal hacen las autoridades encargadas de combatir la corrupción en proteger a las personas que finalmente cometen actos sospechosos”, lamentó Jiménez.
Para el director de la ANEP el TEG, así como la Corte de Cuentas de la República (CCR), y otras entidades que velan por transparentar la administración pública, deberían ser instituciones que cumplan con la función para la cual existen, y les pidió a sus funcionarios no dejarse “capturar” o “presionar” por quienes los nombraron en sus cargos solo porque ejercen el poder en el Gobierno.
“El presidente de la Asamblea y el presidente de la República son gente que tiene poder dentro del Estado, hay que evitar que esas instituciones (de contraloría de la administración pública) se dejen manipular por los altos poderes”, argumentó Jiménez.
Abogó porque exista independencia e imparcialidad en todas las oficinas que se han creado para poner sobre la mesa y al escrutinio público las gestiones de los funcionarios de elección popular.
“Estas instituciones están hechas para abrir las cosas a los ojos de los salvadoreños, para que se manejen por encima de la mesa, pero vemos que algunas veces los funcionarios lo que hacen es esconderlas debajo de la mesa o ponerle un mantel encima para que no se vean, no es su función y están haciendo muy mal a la sociedad”, esgrimió.
Precisamente las declaraciones de Jiménez se dieron ayer en el marco de la propuesta que como parte del Equipo Gestor hicieron a la Asamblea Legislativa para crear una nueva ley de Probidad, ya que la actual data de la década de los 50. (Ver más detalles en nota anexa).
En esta nueva normativa el Equipo Gestor propone nuevos mecanismos de auditoría y sanciones para evitar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, un acto que según los diputados de ARENA, Mario Valiente y Mariella Peña Pinto, pudiera haber cometido Reyes y que por eso pidieron al TEG indagar al titular del Congreso.
“Vemos con mucha preocupación esa resolución, creemos que el TEG tiene competencia para poder dilucidar problemas de conflictos de interés”, explicó Castro, director de Estudios Legales de Fusades, pero según el Tribunal de Ética la Asamblea le quitó esa potestad en 2012.