Representantes del Equipo Gestor de una nueva Ley de Probidad Pública solicitarán hoy formalmente a los diputados de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa a que estudie el anteproyecto que fue elaborado por la sociedad civil por considerarlo más apegado a los estándares internacionales.
El Equipo Gestor está integrado por la Fundación Salvadoreña de Estudios Económicos y Sociales (Fusades), Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y la Universidad Francisco Gavidia.
Este grupo, que hoy publica un comunicado, le recuerda los legisladores que desde octubre de 2014 tienen en sus manos la propuesta que ellos elaboraron junto con funcionarios de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, pero que ni siquiera le han dado iniciativa de ley.
En su comunicado, el Equipo Gestor dice que ese anteproyecto de ley presentado es “producto del esfuerzo articulado de la sociedad civil” y que buscaron que este “reuniera todos los elementos jurídicos necesarios para garantizar un control eficaz del enriquecimiento ilícito y de los conflictos de interés de los servidores públicos”.
En el documento, estas organizaciones se comprometen públicamente a impulsar la aprobación de una nueva ley que cumpla con los estándares en la materia, entre ellos la creación de una Dirección de Probidad con autonomía de criterio y funcionamiento, que tenga amplias potestades investigativas y sancionatorias, y con los recursos suficientes para realizar su labor entre otros.
También dice que promoverán la concienciación ciudadana, del sector privado, los actores políticos y a servidores públicos sobre la importancia de contar con mecanismos adecuados que tutelen por la honradez y la probidad en la administración pública, así como a que se combata el enriquecimiento ilícito.
De igual forma ofrecen a la Asamblea Legislativa apoyo técnico para sumar al debate en torno a este proyecto.
Actualmente la función pública es regulada por una ley que data de más de 50 años, por lo que es considerada “obsoleta, y que según el equipo gestor, no cumple con los fines para los cuales fue promulgada debido a “una serie de vicios e incongruencias”.
La demanda, según estas organizaciones, la Comisión de Legislación estudia actualmente “otro proyecto de Ley de Probidad Pública, el cual, si bien contiene algunos puntos en común con el impulsado por la sociedad civil, tiene un contenido débil en cuanto a la determinación de los deberes de los sujetos obligados y en el establecimiento de sanciones”, dice el comunicado.
Además, dicen que ese proyecto, “en varios aspectos representa un retroceso en relación a la ley vigente, por lo que debe ser revisado”.
Comparativo
En un estudio que ha hecho Fusades sobre el tema, refiere que la propuesta elaborada por la sociedad civil se utilizaría como insumo a la propuesta que ellos estudian, pese a considerarla la mejor, ya que es producto de un proceso de discusión a lo largo de seis meses y durante el cual se hizo una serie de cambios para ajustarla a los mejores estándares internacionales, incluyendo los fijados por la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Además, dice se le incorporaron las observaciones hechas a El Salvador en el informe final del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) que fue aprobado en 2012.
En un análisis comparativo que hace Fusades en su informe, dice que la propuesta de la sociedad civil tiene un objeto de aplicación mucho más amplio y exhaustivo, de mayor rigor, que el que el legislativo.
En ese punto, destaca, la propuesta de los asesores técnicos de la Asamblea dicen que el objeto de la ley es “declarar el estado del patrimonio de los servidores públicos que la ley determine y sancionar administrativamente su incumplimiento”.
Mientras que el de las organizaciones establecen que el objeto de la ley es prevenir, detectar, combatir cualquier modalidad de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos y demás sujetos obligados por la ley, lo cual incluye a los directivos de las sociedades de economía mixta entre otras prevenciones.
En cuanto a la estructura organizativa, la propuesta legislativa mantiene la existencia de la Sección de Probidad de la CSJ pero esta no podrá sancionar directamente incumplimiento de la ley ni informar a la FGR, sino que otorga esa facultad a la Sala de lo Civil y permite recursos de apelación ante la Corte Plena.
En cambio la de la sociedad civil crea una Dirección de Probidad, la cual contaría con otras oficinas para facilitar el cumplimiento de la ley, podrá sancionar e informar a la FGR indicios de delitos a fin de evitar medidas dilatorias. En lugar de apelación establece la revisión.
Las otras diferencias entre ambos proyectos van en el sentido de los plazos para la presentación de la declaración patrimonial, los efectos de presentarla incompleta, las sanciones y la prescripción de la acción administrativa.
Al respecto, Fusades dice en su análisis que “el proyecto legislativo continúa adoleciendo de un vacío en cuanto a la regulación y sanción por presentar una declaración patrimonial incompleta”.En su comunicado, el Equipo Gestor dice que ese anteproyecto de ley presentado es “producto del esfuerzo articulado de la sociedad civil”