Organizaciones civiles y fundaciones se pronunciaron a favor de que la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas (CCR), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y la misma Secretaría de Transparencia del gobierno investiguen la aprobación de un decreto legislativo que favoreció a la esposa de un socio del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, quien fue uno de los impulsores del mismo, y sobre la forma en que el funcionario ha logrado fundar varias empresas y negocios.
La petición surge a raíz de la aprobación el 8 de mayo de 2014 de una reforma al decreto 677 que habría favorecido a la cónyuge de Byron Larrazábal, exasesor y socio del funcionario, y además por la investigación de La Prensa Gráfica en la cual ligan al diputado del FMLN en la creación de una nueva empresa: Eko Lime S.A. de C.V., en la cual participan como socios su hermano, Earle René Reyes, y Larrazábal, quien fue su asesor personal en el Congreso.
Organizaciones como la Fundación para el Desarrollo Económico (Funde), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), y el abogado José Domingo Méndez, quien es miembro de los Aliados por la Democracia, consideran que hay varias actitudes en el presidente del Congreso que riñen con la ética, y hasta con posibles ilícitos, que hacen necesaria la investigación por parte de la FGR, la Corte de Cuentas y el TEG.
“Amerita más que una investigación, se necesita que la institucionalidad funcione porque existen demasiadas evidencias que indicarían posibilidades de delitos, por un lado de enriquecimiento ilícito, de conflictos de interés, de abusos de recursos del estado, contrataciones no sujetas a la ley, del uso de abusos del poder…”, manifestó el director de Funde, Roberto Rubio.
Al referirse a la reforma al decreto 677 que con los votos del FMLN, GANA y los diputados tránsfugas que favoreció supuestamente a la esposa de Byron Larrazábal, el también representante de Transparencia Internacional, capítulo El Salvador, consideró que es un abuso de poder y del cargo, que envía un mal mensaje a los salvadoreños.
“Si hacen una ley para beneficiar a dos o tres personas por intereses particulares y ese es el mal ejemplo que da. Cuando los de arriba abusan de la ley, cuando los de arriba usan recursos del Estado su poder, sus dineros, su influencia, etc. para favorecer intereses particulares y usan la ley, estamos dando mal ejemplo”, externó Rubio.
El miembro de Aliados por la Democracia, José Domingo Méndez, opinó a título personal, que existen suficientes indicios para averiguar.
“Todas las instituciones que les corresponde deberían de intervenir, puesto que hay una evidente violación a las leyes salvadoreñas; tiene que ver con la probidad, con el manejo de los fondos públicos, con la transparencia y sobre todo para una persona que está ocupando un cargo tan alto como es el presidente de uno de los Órganos del Estado”, consideró Méndez.
Igualmente considera que no se debe usar a la Asamblea Legislativa para favorecer intereses particulares, como habría ocurrido en el caso del decreto 677.
“Ese es un decreto que a todas luces, es un decreto ilegal. No puede darse un decreto de la Asamblea para favorecer a ciertas personas, eso no puede ser. Toda la actuación del señor Reyes debe ser investigada por todas las instituciones que le corresponden: Corte de Cuentas, Fiscalía, el Tribunal de Ética, todas las instituciones…”, dijo el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Agregó Domingo Méndez que el diputado del FMLN, Sigfrido Reyes, “viene ya días incumpliendo las leyes del país y eso no es posible en un alto funcionario del Estado y miembro prominente del partido de Gobierno”.
En efecto, el legislador del FMLN fue criticado por la compra de costosos regalos navideños para empleados y los diputados en diciembre de 2012, además en la compra de pinturas y esculturas artísticas para exhibición en los pasillos del Congreso.
Más recientemente, investigaciones periodísticas lo vinculan a la fundación de varias empresas junto a su exasesor, Byron Larrazábal, entre ellas, Terrein S.A. de CV., con la cual compraron al IPSFA cinco terrenos a precios abajo de lo establecido, pero según la institución dentro de una “banda de precios”.
También aparece como socio en Lubbex S.A. de C.V. y luego con Eko Lime S.A. de C.V., en la que según LPG, es socio con su hermano Earle René Reyes y con su exasesor, Byron Larrazábal.
Se buscó la opinión de Javier Castro, director del departamento de estudios legales de Fusades, pero una de las asistentes, dijo que iba de viaje. Sin embargo, en declaraciones a LPG, Castro planteó que “el TEG debería investigar porqué se le concedió un decreto a estas personas, si hubo un conflicto de intereses en ello, porque está el señor exasesor de la Asamblea Legislativa de alguna forma vinculado a ese decreto”.
Roberto Rubio recordó que no es la primera vez que el titular de la Asamblea Legislativa se ve involucrado en actuaciones que riñen con la ética y con las leyes del país.
“Primero aparecieron con esos terrenos de Terrein, después aparecieron que tenían urbanizaciones en otras partes, ahora aparecen con esta empresa (Eko Lime), luego aparecen con una empresa de aceites; aquí hay que investigar todas las redes que hay de por medio; quiénes son los que están involucrados en esta red, y de donde está saliendo el dinero para alimentar esta red, si es él (Reyes) y su socio o hay alguien más de su partido involucrado en esto”, expuso Rubio.
Corte de Cuentas y TEG no asumen su papel
Pese a que las insistencias de estas organizaciones de la sociedad civil, ni la Corte de Cuentas ni el TEG se dan por aludidos en su rol de investigación sobre posibles faltas en estos nuevos hechos, por parte del titular de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.
Al preguntarle al primer magistrado del ente contralor del Estado, Raúl López, sobre si como Corte de Cuentas abrirían algún expediente de investigación, argumentó desconocer las investigaciones periodísticas.
“Desconozco eso, no sé de lo que usted me está hablando”, dijo López.
-Hoy sale publicado en El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, se le dijo.
“Nosotros tenemos una agenda institucional agobiante y salimos 6:00-7:00 de la noche de trabajar; en realidad es hasta penoso quizá, aquí no nos queda tiempo ni de leer los periódicos”, alegó.
Este periódico le preguntó si leería los periódicos para indagar la información y así establecer si amerita abrir el expediente, pero López se escudó en que “no puedo emitir opinión porque no sé de qué se trata y opinar sobre un tema desconocido es irresponsable…”.
Mientras tanto se le habló tres veces al presidente del TEG, Marcel Orestes Posada, quien respondió en las tres ocasiones, pero dijo no escuchar nada y colgó las llamadas de este periódico a su móvil.