El hecho de suspender la señal de telefonía en los alrededores de los centros penales no garantiza que los reclusos dejarán de hablar por celular desde las cárceles para ordenar extorsiones u otro delito.
Hay experiencias en otros países centroamericanos en los que han suspendido el servicio en los contornos de los recintos penitenciarios y los reos siempre han encontrado puntos ciegos que les ha permitido tener comunicación telefónica al exterior de los penales. Consideran que la ley es “tan cruel” porque meterían preso al representante legal de una empresa solo por el hecho de que una llamada salga de un penal, según representantes de las empresas de telefonía móvil.
¿Esas soluciones no han durado en otros países? Eso es uno de los contra que tenemos con los bloqueadores, la solución de un solo lado no existe… Empezaron a entrar en las prisiones teléfonos de baja gama que no respetaban selección de celda y entonces los reclusos de muchos intentos lograban sacar una llamada y lograba pegarse a una llamada de una celda que estuviera más lejana y entonces el teléfono igual funcionaba. Es una solución bastante cara, o sea es una solución muy inteligente pero bastante cara, y nos topamos además con que existía sabotaje, porque entonces ya sabían los reclusos que si apagaban la celda, podían tener llamadas. Hubo un caso en Honduras, en el penal de Tamara, nosotros teníamos sin señal a todas las poblaciones a cinco kilómetros del penal. Sin embargo, los reos encontraron un punto ciego donde se podían sentar a chatear y hablar por teléfono.
¿Cómo ven ustedes la propuesta de ley?
Nosotros lo que vemos es que va a ser un problema con el que nos vamos a enfrentar; ahorita podemos decir: quememos todos los teléfonos celulares, apaguemos la radiobase, que nadie hable, pero el problema va a seguir migrando, los reclusos van a seguir buscando la forma de evadir las restricciones y van a seguir buscando el método para seguir extorsionando. Creo que la solución tiene que ser más multisectorial y ver cómo se facilita que el usuario pueda poner la denuncia, porque la mayoría de las extorsiones no se están denunciando, quizás porque ya se perdió la fe que se logre castigar a los culpables y como controlar el flujo de dinero que está produciendo esto.
Quieren que las compañías telefónicas hagan lo posible por evitar que las llamadas salgan de los penales, pero ellos también no han puesto de su parte para no permitir que los aparatos entren a los centros penales, entonces ¿no tiene por qué ser un cargo para ustedes?
Yo lo veo como que se quisiera penalizar las muertes por arma blanca, es como decir, que vamos a penalizar a todos aquellos que venden cuchillos en El Salvador, no importa si son de cocina, si son machetes o puñales, ese es el tema. Creo que si hay tanto teléfono dentro de la cárcel habiendo leyes que los prohíben, hay algo que en algún punto se está dejando de hacer; debería de estudiarse más a detalle las soluciones que se han implementado en El Salvador y ver porqué fallaron, antes de generar una ley que realmente no va a tener mucho futuro. No podemos decir vamos a quitar la cobertura en este sitio, si se quita la cobertura se pueden ir mínimo mil o dos mil personas afectadas por cada centro penal. Aquí hay una ley de intervención de llamadas y por qué no averiguo qué aparato es el que está generando esta cantidad de llamadas y mejor bloqueo el aparato, pero es más difícil porque quieren que nosotros bloqueemos señales por arte de magia.
¿No existe de verdad esa solución sin afectar a los demás? No existe, lo otro es cómo hacer para que funcione. La ley es tan cruel que van a meter preso al representante legal de la empresa telefónica porque salió una llamada, y al director de la Policía ¿por qué no ? si se es responsable que funcione al otro lado. La ley como esta planteada, incluso nos penaliza si alguien extorsiona por una llamada que salga de un teléfono vendido por la compañía en cualquier otro lugar del país, o sea el culpable somos nosotros por haber vendido el teléfono celular.
¿Que tipo de inversión les generaría, o solo sería gasto? Hay varios puntos, primero es, y el menos peligroso es que hay que hacer una inversión y colocar una infraestructura que posiblemente va a ser saboteado, destruido, el otro punto es que nos deja a nosotros con un tema de seguridad, que nosotros realmente no tenemos todo el arsenal de seguridad que tiene el gobierno como para cuidar esas soluciones, es casi tener que poner al Ejército a cuidar un bloqueador y nosotros ¿cómo?
¿Se oponen totalmente?
Creo que es una oportunidad de ver qué es lo que se puede hacer para que esto funcione, y eso nos involucra a nosotros, al regulador, a la Fiscalía, o sea hay más componentes en el equipo de trabajo. Se puede legislar, pero debe ser una legislación que realmente busque eliminar el problema, más que levantar la voz y buscar un culpable.
¿Eso los desmotiva?
A nivel del tema de seguridad desmotiva bastante, hay lugares donde extorsionan por pasar allí. El problema es que nosotros no solo pasamos por eso, sino que también quedamos como culpables.