Se espera que el proyecto de la Ley especial Antiextorsión sea discutido y aprobado hoy en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, luego de que los diputados de la Comisión de Seguridad emitieran ayer un dictamen favorable para la referida normativa.
El presidente de la comisión, diputado José Almendáriz, confirmó que los diputados estuvieron de acuerdo en resolver a favor de la aprobación de la ley especial para pasarla a conocimiento del pleno legislativo.
Almendáriz dijo que hubo algunos cambios en la ley, pero el fondo del proyecto enviado por el presidente Salvador Sánchez Cerén a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no tuvo variaciones significativas.
En la reunión de ayer, los diputados acordaron que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) sea la encargada de establecer las zonas, alrededor de los penales, donde se eliminarán las señales de los teléfonos celulares para evitar de que los reclusos puedan ordenar crímenes desde las cárceles.
El proyecto de la referida ley será discutido y se espera que se aprobado, a pesar de que las empresas telefónicas han adversado las sanciones económicas y penales que contempla la normativa por considerar que toda la responsabilidad de evitar que los reclusos puedan tener comunicación desde las cárceles recae sobre las mismas.
Además han cuestionado los artículos 14 y 16 de la referida ley, porque consideran de que la responsabilidad de evitar que las llamadas telefónicas que realizan los internos desde los penales recae sobre las telefónicas, cuando el Estado es el responsable principal de evitar el ingreso de ilícitos, entre estos celulares, a los reclusorios.
La normativa en estudio contempla sanciones económicas de hasta 1,200,000 dólares y si la empresa reincide en el incumplimiento, entonces se le podría suspender la concesión. También se contempla encarcelar a directores, administradores y empleados si no cumplen con la suspensión del servicio.
Sobre esto último, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) considera que se debe de eliminar la penalización con prisión para los directores y empleados de las telefónicas que no cumplan con la suspensión del servicio. Sin embargo, el referido tanque de pensamiento respalda que sanciones para las telefónicas que no cumplan con la obligación de ayudar al combate y prevención de la extorsión.
Señala, además, que el gobierno debe de trabajar en reforzar los controles de ingreso en los centros penales para evitar que sigan ingresando de forma ilícita aparatos de telecomunicaciones.
También dice que el proyecto de ley contiene pocos aspectos novedosos, por lo que los cambios se deberían incorporar en el Código Penal y la Ley de Telecomunicaciones, para evitar vacíos y contradicciones jurídicas.
Una encuesta elaborada por Fusades en el cuarto semestre del año pasado reveló que el 90 por ciento de las microempresas y el 50 por ciento de las pequeñas empresas que son extorsionadas no denunció ante las autoridades por temor a represalias de parte de las pandillas.