La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, llamó ayer a los salvadoreños a apoyar a todos los funcionarios encargados de aplicar la justicia en la lucha contra la delincuencia.
La diplomática dijo esto al referirse al asesinato del jefe de la Unidad de Vida de la Fiscalía en Usulután, Andrés Olivo, quien fue atacado a tiros por pandilleros en la colonia Masferrer, en Usulután, el pasado sábado.
El funcionario judicial regresaba a su casa tras actividades religiosas y cuando se bajaba de su vehículo fue atacado por pandilleros que le asestaron varios disparos.
La víctima quedó tendida en un parqueo en común de su colonia.
Aponte mostró su preocupación por los ataques armados de los que están siendo objeto fiscales, jueces, policías, custodios y soldados.
“Creo que es importante que todo El Salvador suba su voz de apoyo a todos los aplicadores de justicia, a todos los custodios y policías”, dijo la diplomática.
A criterio de la embajadora estadounidense, El Salvador debe de unirse para apoyar a los que se encargan de aplicar la ley en el país.
“Todo el país debe de apoyar a los aplicadores de justicia y sus familias para demostrar que El Salvador tiene una deuda con las víctimas del crimen organizado”, manifestó Aponte.
La embajadora enfatizó sus muestras de rechazo del asesinato de Olivo y pidió solidaridad con los que aplican la justicia en El Salvador.
Las últimas estadísticas reflejan que, en lo que va del año, al menos 10 agentes de la Policía Nacional Civil han sido asesinados por pandilleros, usualmente, cuando estaban de días de descanso y otros asesinados en cumplimiento del deber.
También han sido asesinados por pandilleros al menos cinco custodios de la Dirección General de Centros Penales, un fiscal y una jueza se encuentra gravemente herida al ser baleada.
A la lista de funcionarios del sector justicia atacados, se suma la jueza de Paz de Ciudad Victoria, en Cabañas, quien fue atacada a tiros en su casa en Mejicanos.
El último de los funcionarios aplicadores de justicia atacado y asesinado es el jefe de la Unidad de Vida de la Fiscalía de Usulután, Andrés Olivo.
La diplomática estadounidense sostuvo que El Salvador debe de dar todo el apoyo necesario a los policías, soldados, jueces y fiscales, que a diario tratan de erradicar la violencia de las calles.
“Nos condolemos ante la muerte del fiscal Andrés Olivo, es una pérdida muy grande, es una pena; es importante que nos solidaricemos con los aplicadores de la ley que todos los días van a la calle a defender la ley”, dijo.
A criterio de la diplomática, todo El Salvador debe de apoyar los esfuerzos que se hacen por vencer la delincuencia y la criminalidad, en especial las acciones de las pandillas. “Subir nuestras voces en apoyo, el flagelo de la criminalidad se puede vencer, pero nos necesita a todos”, puntualizó.
Nueva ruta de violencia
El criminólogo y articulista de El Diario de Hoy Carlos Ponce consideró que la muerte del jefe fiscal a manos de las pandillas “marca un paso trascendental del accionar de estos grupos delictivos”.
El especialista consideró que con el atentado se consolida el nuevo camino que tomará la violencia perpetrada por dichas agrupaciones en contra del aparato de justicia penal, sugerido inicialmente por otros incidentes, en el que los atentados se ampliarán para abarcar no solo a la Policía sino que a cualquier funcionario que entre en contacto con pandilleros o sus expedientes.
Agregó que además de estar relacionado al abordaje de la criminalidad a nivel nacional, también es un reflejo del pobre desempeño del aparato de seguridad gubernamental en Usulután.
La Fiscalía tiene meses de estar enfocando esfuerzos investigativos en Usulután, con el objetivo de desarticular estructuras criminales que han arreciado sus operaciones en dicho departamento”, dijo Ponce.
Tras los ataques a funcionarios judiciales, fiscales, policiales y de penales, la Asamblea Legislativa reformó la ley para que los que atenten contra este tipo de personas sean enviados al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, en La Paz.
También las autoridades han emprendido requisas en penales para confiscar celulares con los que se ordenan asesinatos y extorsiones.
La PNC ha ordenado a sus agentes portar sus armas de equipo cuando estén de día libre.