Con los alegatos de los últimos cuatro defensores ayer, al filo del mediodía, terminó la audiencia preliminar (antesala del juicio) contra 11 exseleccionados, nueve nacionales y dos extranjeros, pero el resultado de la diligencia que tardó día y medio será conocido hasta el 27 de marzo, determinó el juez 5º de Instrucción.
Los abogados, en sus intervenciones, desmerecieron cada una de las pruebas y argumentos del Ministerio Público contra los jugadores para procesarlos por encubrimiento de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Según la Fiscalía, los jugadores habrían cometido estos ilícitos cuando junto a otras personas, como parte de la Selección Nacional de Fútbol de El Salvador, planearon perder varios partidos que jugarían contra otros equipos similares, entre ellos Paraguay y Costa Rica, a cambio de fuertes sumas de dinero. En uno de los casos suponen que ofrecieron diez mil dólares, ocho mil para repartírselos entre todos y dos mil en regalo a Dennis Alas.
Estas supuestas irregularidades se habrían conocido en una serie de entrevistas a las que fueron sometidos los exseleccionados en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) y en la Fiscalía General de la República.
La ilegalidad de estos interrogatorios, según los abogados, es que se realizaron sin la asistencia de un abogado defensor, como lo demanda la Constitución.
En esas circunstancias, los defensores consideraron ilegal la información obtenida por la Fiscalía y como tal pidieron al juez Ernesto Parada que la declare nula.
El abogado Oscar Luna afirmó que además, los testigos propuestos por la Fiscalía no son presenciales de los hechos que se les imputan sino referenciales, es decir supieron de los supuestos amaños por terceros.
Cuestionaron también que varios futbolistas involucrados supuestamente en estos ilícitos no hayan sido procesados, lo que hace entrever que estos gozan de un criterio de oportunidad o beneficio penal a cambio de delatar a sus compañeros.
“Es lastimoso que la Fiscalía tenga procesados a estos jóvenes de lavado de dinero y no haya ni una sola prueba para demostrar que son responsables en el encubrimiento”, dijo. Aunque la figura es legal, los defensores la cuestionaron porque no ha sido solicitada ni aprobada por un juez, afirmó el abogado Melvin Ángel Espinal.
El abogado Miguel Ángel Flores también cuestionó la legitimidad de la investigación de las cuentas bancarias de los jugadores procesados, pues por el secreto bancario solo el fiscal general puede solicitar informes de una persona y en este caso, no lo hizo él sino un auxiliar. En ese sentido, Flores pidió al juez que anule esa prueba.
El abogado Espinal afirmó que desde el principio del proceso de los amaños se solicitó a la Fiscalía que se investigaran a algunos directivos de la Fesfut, porque, al parecer, habrían recibido 30 mil dólares en supuestos arreglos de los partidos.
“Por eso digo que este es un proceso amañado porque se ha excluido a los miembros de la Federación y a otros jugadores que probablemente según los hechos que narra la Fiscalía participaron en estos amaños”, subrayó.
Los abogados Espinal y Nelson García se preguntaron por separado, ¿por qué la Fiscalía no ha investigado a los federativos y también a otros exseleccionados?
También se refutó el interrogatorio al jugador Carlos Romeo Monteagudo, quien al parecer confirmó los arreglos de partidos, el modo de realizarlos, lugar, tiempo y con quienes se hacía, incluso se auto incriminó en esos ilícitos.
El problema, según García, es que a Monteagudo lo interrogaron en dos ocasiones, en una relató todo lo que sabía de los amaños, pero sin la presencia de un defensor.
Cuando la Fiscalía se percató de la ilegalidad, lo convocó a otro interrogatorio, pero esa vez con un abogado, el error de la Fiscalía esta vez fue que tampoco le informó a Monteagudo que era asistido por un defensor a quien le podría consultar cualquier duda.
Por esa razón, los abogados han solicitado al juez que anule esa declaración que al parecer es la principal prueba de la Fiscalía.
Aún con todo, el fiscal asignado al caso, Julio Zamora insistió ayer en que las pruebas presentadas contra los acusados son legales y fundamentadas.
Ramón Sánchez, quien juega en un equipo en Iraq, solicitó al juez adelantar la resolución pues su regreso a ese país estaba para el 24 de marzo, tres días de conocerse la resolución, pero el juez rechazó su petición.