PANAMÁ. En El Salvador existen “trabas” para el acceso a la información pública y hay leyes que “amenazan” la libre expresión, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe sobre este país.
El organismo continental indica que dirigentes del actual gobierno, presidido por Salvador Sánchez Cerén, pretenden entorpecer el proceso de fortalecer la democracia “a través de presiones, poner cortapisas a la distribución de la publicidad gubernamental, cerrar fuentes de información pública o crear un sistema de leyes contrarias a la libertad de expresión”.
Apunta que si bien hay leyes que fomentan la transparencia y el libre acceso a la información, “el gobierno pone trabas al trabajo de investigación periodística” y cita como ejemplo la reserva impuesta por Casa Presidencial a datos sobre los viajes al exterior del expresidente Mauricio Funes, bajo argumentos de “seguridad nacional”. Este caso llegó a instancias del Instituto de Acceso de Información Pública, pero tampoco esa instancia avaló que se hiciera pública la información.
El informe de la SIP destaca que “existe un sistemático bloqueo para acceder a entrevistas a funcionarios públicos, incluyendo al presidente Sánchez Cerén. Se niegan entrevistas y respuestas, incluso, las que son hechas de manera escrita siguiendo los canales oficiales”.
Asimismo, consigna el documento que existe una tendencia en el sector de justicia y de ciertos “grupos de políticos que amenazan” con aprobar más leyes contra la libertad de expresión.
El organismo de prensa indica que hay “sectores más radicales” que quisieran imponer más regulaciones para los medios independientes y privados mediante varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa como el de medios públicos, radios comunitarias y soberanía alimentaria.
Otro ejemplo que cita la SIP sobre esas “trabas” para obtener información de relevancia pública es el del presidente de la Asamblea Legislativa y dirigente del partido oficial, Sigfrido Reyes, quien se ha negado a dar declaraciones sobre su participación en una empresa de bienes y raíces, “la cual pagó $440 mil de contado por varios lotes en un terreno propiedad del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)” y en lugar de ello, “decidió iniciar un proceso legal en contra de La Prensa Gráfica por difamación” por publicar el caso.
El mismo medio también fue bloqueado por Julio Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al decirle que no contestaría sus preguntas y le redujo “drásticamente” la pauta publicitaria durante la campaña electoral, como represalia por publicar una entrevista en la que era cuestionado sobre su parentesco con un dirigente del FMLN, según el informe.
También incluye en el documento el reciente caso de la directiva de Liga Mayor de Fútbol (LMF) de El Salvador que resolvió a finales de enero de 2015, incrementar hasta $75 (más el 13 % del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) el costo por credencial para que los periodistas puedan ingresar a cubrir partidos de fútbol.
Y aunque luego rectificó la medida, la directiva de la LMF seguirá cobrando por adquirir una credencial.
Además, la SIP apunta en su informe las “amenazas” contra periodistas.
Cita el caso de un grupo de agentes de la División Antinarcóticos (DAN), de la Policía, que en noviembre pasado retuvo por casi una hora a un periodista de El Diario de Hoy en la zona de San Ignacio, en Chalatenango, fronterizo a Honduras. En lo que se suponía un “chequeo de rutina”, los policías revisaron el automóvil en el que se conducía el motorista y el periodista.
La misma “práctica intimidatoria” aplicaron meses antes con un equipo del periódico digital El Faro, menciona el documento.
Por otro lado, la SIP vuelve a incluir en su informe el caso de la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (Siget) que “ha favorecido algunos medios televisivos vinculados con el gobierno”, otorgándole “posiciones privilegiadas en el espectro radial y televisivo”.
Similar a Venezuela
La SIP destaca en el informe relativo a Venezuela que en ese país “es casi nulo el acceso a la información en manos del Estado, pues se reduce a lo que declaran, sin interpelación, verificación o contrastación, los funcionarios del régimen”.
El documento apunta que existe la censura previa “mediante la respectiva legislación de control de contenidos vigente o la figura más reciente y oprobiosa de la adquisición de medios de comunicación social hasta ayer independientes, en apariencia privados y ocultos tras pactos de confidencialidad, doblega las líneas editoriales”.
De acuerdo con la SIP, hay dos modalidades de censura de la información en ese país: la prohibición de acceso a la información oficial y la impuesta por autoridades estatales o directivos de medios “en apariencia independientes, y de reciente compra por accionistas anónimos”.
El ente regional también consigna que en Venezuela “es criminalizada y judicializada toda forma de expresión social y política disidente”, ya sea de periodistas, dirigentes vecinales y estudiantiles o políticos.
“El gobierno busca establecer un muro de silencio bajo el terror y las amenazas…”, señala el texto.
El informe señala que tres expresidentes latinoamericanos afirmaron que recibieron noticias sobre la existencia de “tumbas” o huecos construidos bajo la tierra, a muy bajas temperaturas en las dependencias de la policía política “destinadas a torturar a presos de conciencia, estudiantes protestatarios o encarcelados por capitalistas”.
También reseña la reciente captura el mes pasado del opositor alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, por hombres fuertemente armados.
Además, la SIP cita datos sobre restricciones a la libertad de expresión y de represión. Indica que entre octubre y diciembre de 2014 se registraron 42 casos contra la libre expresión, de los cuales el 31.26 % son amenazas e intimidaciones y el 25 % de actos de censura. Añade que 2014 cerró con 64 presos políticos, entre ellos 20 estudiantes imputados por participar en protestas públicas y que 2015 abrió con 40 detenidos por protestar y reportear manifestaciones o transitar cerca de ellas.