La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó ayer a los diputados de la Asamblea Legislativa que rectifiquen en la Ley de Partidos Políticos la restricción que aprobaron en dicha normativa, consistente en que el nombre y el monto de quienes donan a partidos se revele solo cuando el financista así lo autorice y previa justificación del peticionario del porqué pide los datos.
“…La solicitud de información, vinculada al financiamiento de los partidos políticos, no podrá estar condicionada a la autorización de los donantes y no será necesario que el solicitante de la información haga explícita la finalidad o tratamiento que dará a los datos que se le faciliten”, reza la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Este aspecto fue uno de los puntos más debatidos por los diputados de la Comisión de Reformas Electorales cuando estaban diseñando la Ley de Partidos, la cual fue aprobada en febrero de 2013 con 76 votos de todos los partidos.
Sin embargo, la ley reflejó varias deficiencias que fueron señaladas por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), una de ellas es lo que la Sala falló ayer.
La sentencia no es la primera que la Sala de lo Constitucional emite para corregirle la plana a la Asamblea, ante el incumplimiento del espíritu de transparencia que debe regularse en la normativa.
El 22 de agosto de 2014, el máximo tribunal declaró que el Congreso no contempló en la normativa, exigir que se brinde la información del origen de los fondos privados que reciben los partidos y le dio de plazo dos meses para solventar ese vacío.
Aún así, la única salvedad que los legisladores dejaron en la ley es que no se permitirán las donaciones anónimas de personas naturales y jurídicas, pero se cuidaron de que proporcionar los nombres y montos de quienes los financian, aún cuando no sea en época electoral, será únicamente cuando el donante avale que se haga pública dicha información.
Los diputados basaron esa decisión en cuidar el “honor y la intimidad” de los financistas, además, argumentaron que a raíz de la situación de inseguridad que vive el país no era conveniente que se conozcan públicamente.
Según reza la demanda que fue resuelta por la CSJ ayer y que fue interpuesta por los abogados Eduardo Salvador Escobar Castillo, José Ramón Villalta y René Landaverde Hernández, los argumentos incumplidos son el derecho de acceso a la información y al “principio de máxima publicidad”, para saber quiénes están detrás de los partidos y como éstos se financian.
Añaden los demandantes que los diputados estaban obligados a incorporar en la Ley de Partidos Políticos los mecanismos idóneos para que la población tenga acceso a esa información.
Pero terminado el plazo que la CSJ les dio para subsanar ese vacío, el 31 de octubre de 2014, la Asamblea reformó la normativa y aprobó un decreto que para obtener los datos de los donantes, los peticionarios debían cumplir con ciertos requisitos.
La Asamblea modificó la ley para crear unidades de acceso a la información pública en las sedes departamentales de cada partido político y legisló que los solicitantes debían acudir a ellas y llenar un formulario explicando cuál es la finalidad que busca para obtener los datos de los donantes.
Para los demandantes, dichas reformas no permiten acceder a la información que la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea poner a disposición de la ciudadanía.
En la redacción de la ley, los legisladores salvaguardaron la identidad de los donantes y plasmaron en el artículo 24-A, letra a) que la información de los financistas de los partidos se dará “previa autorización expresa de los donantes de que se comparta esta información”.
Ante esta resolución, diputados de ARENA, PCN, PDC y de GANA, afirman que acatarán de inmediato lo resuelto por la Sala.
“Tenemos que corregir esa situación”, aseveró Guillermo Gallegos, de GANA, quien añadió que no votaron por las reformas y que no tienen ningún problema en dar a conocer quiénes los financian.
“Vamos a acatar lo que la Sala mandata, independientemente de lo que se haya legislado”, aseveró Mariella Peña Pinto, de ARENA. Su colega Mario Valiente, abonó que así como la Sala ha emitido esa resolución vinculada a lo electoral, aún cuando se comprometió que no lo haría, espera que admita la interpuesta ayer por el orden de las banderas en las papeletas.
Arnoldo Marín, del PDC, dice que para ellos no era punto de honor ese aspecto, pero dice que les puede afectar, ya que no todos querrán donar sabiendo que estarán expuestos a que se sepa quiénes son.
Serafín Orantes, del PCN, manifestó que ellos promulgaron que se transparentara las donaciones de todos los financistas, pero no lograron el apoyo del resto de partidos.