El presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Marcel Orestes Posada, afirmó ayer que dentro de los requerimientos establecidos en la resolución emitida el 22 de enero, que le hacen al presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, sobre la compra de lotes de lujo, junto a su exasesor legislativo, Byron Larrazábal, no se le exige decir el origen de los fondos que usó para adquirirlos.
La razón de esto es porque el TEG no tiene la facultad de hacerlo, a raíz de que fue la misma Asamblea la que por medio de una nueva ley del Tribunal, aprobada en 2012 dejó en manos de la Corte de Cuentas de la República (CCR), y de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el salvaguardar el patrimonio del Estado.
“Por esa razón no hemos tomado ninguna acción relacionada con el origen de los fondos que señala el diputado (Mario) Valiente (de ARENA), subrayó Posada.
El TEG resolvió el 22 de enero abrir una investigación tras la denuncia interpuesta por Valiente y Mariella Peña Pinto, ambos de ARENA, quienes pidieron al TEG indagar el proceso de compra de varios terrenos que compró Reyes junto a su exasesor Larrazábal y también socio en la empresa Terrein, S.A. de C.V.
La institución le ha dado a Reyes un plazo de 10 días a partir de la notificación de la resolución para que conteste las siguientes interrogantes: que si es accionista de Terrein; que si Larrazábal trabaja o laboró con él en la Asamblea, la fecha de su ingreso, el cargo que desempeñó, sus funciones, quién era su jefe, y quién autorizó su contratación.
También, si es su socio en la empresa Terrein, y si utilizó su cargo de presidente de la Asamblea para adquirir los lotes junto a Larrazábal, entre otras situaciones, menos de donde sacó el dinero para comprar los terrenos.
Posada lamenta estar impedidos por ley para hacerlo, pero reconoce que es un derecho de cualquier ciudadano usar su propio dinero para invertirlo.
“Son fondos privados, él (Reyes) dice que son privados, tenemos que partir de la base que pueden ser privados, no sabemos si fue donación que recibió, no se sabe, además la ley no nos faculta”, reflexionó Posada, al tiempo que lamenta que en la antigua normativa de 2006 sí estaban facultados para proteger el patrimonio estatal.
“Eso deliberadamente lo quitó la Asamblea Legislativa, (hoy) es competencia de la Corte de Cuentas de la República y de la Sección de Probidad, incluso puede ser facultad de la Fiscalía General de la República, si se comprueba que hay apropiación de fondos públicos”, indicó Posada.
El Fiscal General, Luis Martínez, aseveró el miércoles pasado en la Asamblea Legislativa, que la investigación que realiza la FGR en el caso Reyes, aún no ha terminado.
Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), es de la opinión que Reyes tiene derecho a hacer uso de su dinero para su “progreso personal”, como él mismo lo ha mencionado, y Reyes también ha dicho que eso nadie se lo impedirá. Pero según Burgos también “prevalece sobre el interés privado el interés público” y lamentó que en el país hay poco control sobre los “conflictos de interés”, como él califica el caso de Reyes.
En cuanto al requerimiento del TEG, Burgos dice que Reyes está obligado a contestar que si al comprar los lotes al Instituto Salvadoreño de Previsión Social (IPSFA), lo hizo valiéndose de “información privilegiada” obtenida a través de su cargo como funcionario público.
Así como la contratación de Larrazábal como su asesor legislativo teniendo un vínculo de interés económico con él, y el uso de horas laborales de ambos siendo funcionarios públicos para actividades privadas, situaciones que según la ley del TEG no deben darse, señaló Burgos.
Reyes se limitó ayer en un evento del FMLN a decir que respaldará lo que las entidades decidan realizar.