En mayo pasado, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Siget “abstenerse” de tramitar las solicitudes de cualquier interesado en obtener una concesión, incluidas las ya presentadas, así como de otorgar cualquier tipo de concesión solicitada para la explotación del espectro radioeléctrico en cualquier estado en que se encuentre el procedimiento, ya sea que haya oposición o no.
Además, le prohibió efectuar cualquier procedimiento de subasta pública, relativo a la explotación del espectro de radio y televisión, recibir el pago de los interesados correspondiente a cualquier concesión previamente autorizada y de adjudicar las concesiones.
La Siget debe abstenerse de realizar la transferencia o fragmentación del derecho de explotación derivado de las concesiones otorgadas, así como efectuar cambios de calificación de los espectros de uso libre, de uso oficial y de uso regulado, ya sea que necesiten concesión o no.
Para los demandantes, el espectro radioeléctrico debe garantizar que la libertad de expresión “sea accesible a todos y no otorgarse a quien posea mayor recurso o capacidad económica que el resto de interesados”.
Además, alegan que “el manejo del espectro radioeléctrico debe ser compatible con formas democráticas del ejercicio del poder”.
El Tribunal Superior justificó que decidió congelar la subasta porque, “de continuar los procedimientos respectivos, en la Siget se pueden generar expectativas o crear situaciones jurídicas en los derechos subjetivos de los interesados con base en disposiciones legales cuya constitucionalidad se cuestiona”.
Esto significa que existe el riesgo de que se otorguen las frecuencias y derechos sobre ellas, por un plazo de 20 años, aunque el proceso judicial esté a medio caminar.
Dicha resolución fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz.
Los magistrados también pidieron a la Siget que rinda un informe completo sobre la distribución que tienen las actuales estaciones de radio y televisión en el espectro radioeléctrico.
Este mandato responde a una demanda de inconstitucionalidad que tiene en estudio el Tribunal Constitucional para revisar si existen monopolios en la concesión del espectro radioeléctrico.
En la resolución, la Sala solicita “qué porcentaje de la totalidad de frecuencias del espectro radioeléctrico se encuentran asignadas en la actualidad y qué porcentaje de las mismas están disponibles para su concesión”.
Además, “le requiere la identificación de los concesionarios de las frecuencias que existen en la actualidad y el porcentaje de canales de radio en AM y FM y de televisión que cada uno de ellos tienen asignados”.