El complicado proyecto de construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín, que se encuentra en proceso judicial y por el cual encausan a varias personas, incluyendo a un exministro, tiene un peritaje con documentos técnicos del Ministerio de Obras Públicas con firmas no originales, sino escaneadas y duplicadas, denunció la defensa.
En el Juzgado Quinto de Instrucción, donde se ventila el caso, se encuentran varias pruebas anticipadas presentadas por la Fiscalía General, que incluyen una serie de supuestas evidencias que están incompletas o se duda de su autenticidad, según el abogado defensor del caso, René Castellón (ver entrevista siguiente página).
Se trató de conocer opinión con la Fiscalía General sobre los cuestionamientos hechos por medio de su área de Comunicaciones pero no se obtuvo respuesta.
En la caja 8 del proceso, donde se encuentran entre otros documentos las actas de juramentación de los peritos e informes técnicos del personal de campo, se han encontrado documentos que tienen firmas duplicadas y, en algunos casos, han sido escaneadas las firmas de los técnicos de Obras Públicas que participaron en los peritajes del bulevar exprés (ver imágenes anexas).
El Diario de Hoy tiene una serie de papeles presentados ante el tribunal, donde se aprecian documentos con las firmas de los técnicos que, supuestamente, participaron en el peritaje de la carretera que realizó Obras Públicas.
Y en otros casos, en lugar de firmas originales, aparecen firmas escaneadas, en algunos, la situación se vuelve más complicada porque algunas firmas no concuerdan para un mismo técnico, explicó la defensa.
Por ejemplo, en el caso de la ingeniera Glenda Xiomara Campos Hernández, quien participó en el peritaje en ensayos de campo y laboratorio, al revisar los documentos que se encuentran en la caja 8, en los folios del 338 al 382 en el tribunal, la firma no está en original de puño de la profesional, sino que en los documentos aparece una firma escaneada, lo cual, según la defensa, le quita validez por no ser una firma en documento original (ver rúbricas en documento de informe técnico, izquierda superior de la página).
“Nosotros siempre tuvimos la sospecha de que la Fiscalía no contaba con algunos documentos que era su obligación presentarlos”, afirma el abogado Castellón.
En los documentos presentados como pruebas se evidencian firmas de un técnico de forma diferente o que ha firmado de dos formas en el mismo informe técnico.
Al revisar siempre la caja 8 desde los folios 383 hasta 457 de las diligencias de anticipo de prueba se encuentra un técnico que, en sus informes aparecen dos firmas, una escaneada y otra a mano que, supuestamente, trata de imitarla.
Para el caso, el ingeniero William Roberto Guzmán Calderón, en su calidad de perito de ensayos de campo y laboratorio del “Informe Pericial sobre ensayos de prospección geofísica en la capa de rodadura de concreto hidráulico del bulevar Cancillería y calle La Cañada”, en todos y cada uno de los folios aparece una firma escaneada y a la par una a lapicero, o sea que por la firma de un mismo técnico aparecen dos firmas.
“Esas firmas es otra de las sombras que siembran dudas a la credibilidad de las acusaciones de la Fiscalía”, afirmó Castellón.
Peritos no fueron idóneos
Otra fuente ligada al caso cuestiona el mismo peritaje, ya que el Ministerio Público presentó uno que el Ministerio de Obras Públicas había preparado con técnicos que laboraban para esa institución o el Fovial, y el tribunal no ordenó uno nuevo con peritos independientes que no tuvieran vinculación a la institución, algo que señalan como parcial.
Entre los cuestionamientos a los peritos, se menciona que algunos de los técnicos no tenían la idoneidad para hacer los estudios, o algunos parámetros usados no fueron los correctos.
Por ejemplo, el ingeniero Marcos Vinicio Vásquez participó en la ejecución del proyecto y pertenecía al departamento de Suelos y Materiales del MOP, alega la defensa.
Mientras que el perito José Luis Bonilla Valencia es arquitecto y no ingeniero civil para desarrollar el peritaje de topografía. De acuerdo a la Ley de Ingenieros y Topógrafos, cuando se trate de diligencias judiciales o administrativas, el técnico debe ser ingeniero y con la acreditación correspondiente para ejercer.
Y para el caso de los peritos, Luis Gerardo Moreno Gutiérrez y Juan Manuel Meza Calderón, administradores de contratos del Fovial, no cuentan con la especialidad de valúo de obras, pero ambos efectuaron los diferentes valúos en el tramo II del bulevar Diego de Holguín, dice la defensa.