El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, afirma que los centros de máxima seguridad están avalados por la Constitución de El Salvador, según se desprende de varias sentencias del máximo tribunal.
Según la Ley, estos centros están acondicionados, tomando en cuenta el comportamiento y el perfil delincuencial del interno. Por su naturaleza, varios de los beneficios penitenciarios quedan suspendidos hasta que el reo supere su estado criminal, según dictamen del Consejo Técnico Criminológico.
“A medida que el interno vaya superando los problemas de personalidad que lo llevaron al centro, podrá ir aspirando a mejores condiciones de vida”, explicó el magistrado.
Blanco aseveró que está convencido del horror que los delincuentes están generando en la población, quienes por su propia naturaleza se vuelven incorregibles en una prisión ordinaria.
De ahí que los centros de máxima seguridad han sido destinados para los reos con la capacidad de dirigir o alimentar las estructuras criminales desde las prisiones ordinarias, que operan afuera de la prisión, incluso desde los centros penitenciarios, afirmó el magistrado.
“De modo que la Sala ha avalado la existencia del rigor carcelario en estos centros de máxima seguridad”.
“El Salvador no tiene la pena de muerte ni las penas perpetuas, por lo tanto, los privados de libertad, tarde o temprano, volverán a las calles y la finalidad prevista por la constitución es la resocialización.
Esto significa que el Estado está obligado a procurar la resocialización de los delincuentes.
No hay otra alternativa que buscar la resocialización del delincuente y esto también es prevención del delito, explicó el constitucionalista.
Los especialistas en la rehabilitación delictiva afirman que en la medida que se resocializa a un delincuente. “Estamos previniendo que al salir a la calle no vuelva a cometer el delito”, dijo.
Este concepto, que para muchos es una ilusión, un sueño, es la obligación del Estado, remarcó. Pero en el afán de responder a los altos niveles de hacinamiento en las cárceles y la criminalidad, los jueces también deben replantear su visión de impartir justicia.
“Los jueces, a principios de los 90, fuimos capacitados con una visión y un escenario totalmente distinto a lo que ahora vivimos. Es necesario hacer un replanteamiento y establecer si los criterios judiciales deben mantenerse o replantearse acorde a nuevas realidades”, afirmó Blanco.
En el país solo existe un centro de máxima seguridad, el cual está situado en Zacatecoluca, La Paz, más conocido como Zacatraz.
Construido en 2003, tiene capacidad para 336 internos, quienes, según la ley, no pueden tener contacto directo con personas ajenas a la prisión, más que por auricular y un vidrio blindado para atender a la visita. Tienen restringidas las visitas conyugales.