Transparencia Internacional Capítulo El Salvador representada por Funde-Alac, apeló ante el Instituto de Acceso de Información Pública (IAIP) la resolución en la que avaló que Casa Presidencial mantenga en secreto los gastos de los viajes del Presidente de la República y de su esposa, así como los gastos en publicidad y atenciones a funcionarios internacionales.
Roberto Burgos, de Funde, declaró que la petición de revocatoria pretende señalarle al IAIP algunos puntos en que su razonamiento se quedó corto porque interpreta de forma muy restrictiva el derecho de acceso a información.
El recurso de revocatoria presentado es parcial porque, según explicó, sí están de acuerdo con la resolución del Instituto respecto la desclasificación de los informes de auditoría interna desde 2007.
En ese documento se está pidiendo que se desclasifique en su totalidad los gastos de publicidad de la Presidencia pasada y todas sus prórrogas, porque, según Burgos, “no es cierto que se vaya a afectar la libre competencia revelando esta información”, que implica montos, a quiénes se ha contratado y qué productos han entregado a la Presidencia y en qué momentos.
“También pedimos revocatoria completa con el tema de los viajes de la ex pareja presidencial, los viajes de 2009 al 30 de mayo de 2014, al igual que los de su comitiva, y estamos haciéndole la aclaración al IAIP que nunca hemos solicitado ni los planes ni la logística de seguridad del presidente”, afirmó.
Dice que son cuatro aspectos los que están pidiendo conocer, porque así se los faculta la ley: cómo se ha formado cada comitiva, el costo de los boletos, los países de destino y los costos de hospedaje. “La parte de logística civil no son datos de inteligencia ni de seguridad nacional”, alega.
Para Burgos, la Presidencia no puede venir a alegar que esa información pueda afectar al mandatario actual, lo cual “es una mentira de la Presidencia y además es una irresponsabilidad decirlo”.
El Instituto tendrá tres días hábiles para resolver esta petición luego de que escuche a la parte demandada.
“Si no se nos concede el derecho a saber estas cosas vamos a recurrir a la Sala de lo Constitucional (de la CSJ)”, advirtió Burgos, una acción similar a la realizada el año pasado y que al final una sentencia de ese tribunal obligó a la Asamblea Legislativa a entregar información sobre los asesores y gasto en regalos.
El pasado 23 de diciembre, el IAIP emitió su resolución en la que solo ordena a la Presidencia que desbloquee los informes de auditoría interna y brinde datos parciales de los gastos de publicidad ( montos globales anuales) pero avaló el secretismo de los gastos en viajes del ex presidente Funes y de su entonces esposa, en su gestión entre otros.
El expresidente Funes puso candado a toda esta información y repitió una y otra vez lo que la misma Capres argumentó ante el IAIP el día de la audiencia: que revelar cuánto gastó en boletos aéreos, estadía y viáticos, así como en la comida y atenciones a funcionarios internacionales atenta contra la seguridad nacional.
Pero este argumento fue rebatido tanto por Funde-Alac como otras organizaciones que promueven el acceso a la información, porque según ellos lo que se está pidiendo es información de hechos ya consumados no de futuros, y nunca se ha pedido datos sobre protocolos de seguridad.
También se refuta que el gasto en contrataciones de publicidad ya formalizadas, no de futuros procesos.
Ayer miembros del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública volvieron a rebatir estos argumentos de la Presidencia para negar esta información, que a la luz de la ley, es oficiosa y pública. (Ver nota aparte).