Miembros de la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas de la República (Adecc) pidieron ayer a la Fiscalía General de la República que investigue al ex presidente de esa institución, Rosalío Tóchez, por supuestos daños morales, al haber despedido a 43 de los 60 empleados en diciembre de 2013.
Los denunciantes, quienes montaron una conferencia de prensa en las instalaciones de la Contraloría, recordaron que ya existe una denuncia ante el Ministerio Público.
“Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República para que agilice la investigación sobre la denuncia de más de 12 compañeras sobre la violación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para Las Mujeres, interpuesta en enero de 2014”, plantean los agremiados a Adecc, en un comunicado de prensa.
Motivados por el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que amparó a 43 de los 60 despedidos durante la administración de Rosalío Tóchez, indicaron que dicha sentencia les ofrece un camino para demandar al ex titular de la CCR.
“Que Adecc acompañará a los compañeros y compañeras en la promoción de un proceso por daños materiales y/o morales en contra de Rosalío Tóchez, derivados de la transgresión de sus derechos constitucionales”, expresaron los empleados.
No obstante, el anuncio de las acciones legales en contra del polémico exfuncionario, los denunciantes exigieron a la actual administración de Johel Humberto Valiente, a que cumpla con lo ordenado por el tribunal de justicia.
“Hacemos un llamado al actual presidente de la Corte de Cuentas a que cumpla con la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con los compañeros a quienes se les ha cumplido parcialmente”, reza parte del comunicado.
A criterio de los empleados del ente contralor del Estado, la sentencia de la Sala de lo Constitucional es una victoria para sus compañeros despedidos injustificadamente por Tóchez, pero también lo es para los demás empleados públicos que en algún momento podrían afrontar una medida arbitraria.
“Al invalidarse la decisión del (ex) presidente de la Corte de Cuentas de la República, de dar por finalizadas las relaciones laborales entre los empleados y la Corte, se establece jurisprudencia y es un antecedente para todo el sector público, por lo que los funcionarios deben de abstenerse de realizar despidos, traslados y cualquier otro acto arbitrario”, exponen los miembros de la Adecc.
Los denunciantes también informaron en la rueda de prensa que la Sala de lo Constitucional también admitió las demandas de amparo que interpusieron, en su momento, los miembros de la junta directiva de esa gremial, Julio César Hernández, Huber Alfonso Carrillo y Edgar Alexander Romero, quienes fueron trasladados de sus puestos, arbitrariamente, por el hecho de ser directivos.