Desde hace unos 15 días la Corte de Cuentas de la República (CCR), inició de oficio una investigación por la adquisición de varios lotes en Nuevo Cuscatlán, de La Libertad, por parte del presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, como socio de la empresa Terrenos e Inversiones, S. A. de C. V. (Terrein), junto a su exasesor legislativo, Byron Larrazábal.
El anuncio lo hizo oficial ayer el primer magistrado de la CCR, Raúl Antonio López, en el marco de la rendición de cuentas anual de la institución. López mencionó que además de Reyes, la institución indaga también a Larrazábal, quien se desempeñó como asesor legislativo de Reyes, así como a funcionarios del ministerio de la Defensa.
El examen especial lo realiza el presidente de la Corte de Cuentas, Johel Humberto Valiente, ya que ese tipo de casos los ventila el magistrado titular de la entidad, por tener el cargo de auditor, indicó López. El proceso podría durar unos cuatro meses, subrayó.
Con esta investigación, el presidente de la Asamblea suma ya tres procesos en su contra por el caso de la adquisición de los terrenos en Nuevo Cuscatlán en su calidad de socio de Terrein: el de la Fiscalía General de la República (FGR), el del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y el de la Corte de Cuentas de la República.
López se comprometió a llevar un mecanismo transparente para determinar si Reyes incurrió en alguna falta en la compra de los lotes que fueron vendidos por el Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), a Reyes y a Larrazábal, como socios de Terrein, según lo reveló una publicación de La Prensa Gráfica.
“A nosotros como Corte de Cuentas de la República lo que podemos garantizar a la ciudadanía es que vamos a actuar con absoluta imparcialidad, objetividad e independencia, no importa de quién se trate, actuaremos con apego a la Constitución y a la ley”, afirmó López.
Añadió que la CCR sólo podría determinar si hubo mala administración de fondos si descubren que Reyes pudiera haber usado dinero estatal para hacerse de los terrenos en Nuevo Cuscatlán.
“A nosotros lo que nos interesa es que no se hayan comprometido fondos públicos en esas transacciones, los negocios privados de los ciudadanos no nos interesa, lo que nos interesa es certificar, asegurar, que no se hayan utilizado fondos públicos en los negocios que allí se mencionan (reportaje de La Prensa Gráfica) y eso se está fiscalizando”, argumentó.
En el caso de Larrazábal según lo informado por los diputados directivos Serafín Orantes, del PCN y Ernesto Angulo, de ARENA, Reyes les anunció la semana pasada que hace dos semanas le presentó su renuncia como asesor de la Presidencia de la Asamblea.
Sin embargo, la CCR abarca la investigación del exasesor legislativo ya que según La Prensa Gráfica, Reyes adquirió los lotes en conjunto con Larrazábal actuando como socios de la empresa Terrein, a un monto unos $400 mil.
En tanto que el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, justificó en días pasados de que la venta de los lotes por parte del IPSFA fueron dentro de la banda de precios fijado por la directiva del IPSFA, esto pese a que exmilitares salieron al paso al sospechar de que el costo al que fueron comercializados perjudicó las finanzas de la institución en detrimento de sus pensionados.
Algunos diputados reaccionaron al respecto de que la CCR indague a Reyes, uno de ellos fue Mario Valiente, de ARENA, quien aseveró que la entidad también debería de iniciar de oficio una investigación de la compra que la Asamblea hizo de la Villa Dueñas, ya que a juicio se adquirió a un precio mayor del que se tenía presupuestado.
Francisco Merino, del PCN, informó en días anteriores que la propiedad costó al Congreso $4.8 millones, sin embargo, Valiente aseguró que la Asamblea tenía destinado para el nuevo edificio legislativo $3.5 millones, por lo cual considera que amerita una exhaustiva investigación.
“Yo le diría a la Corte: empiecen por la compra de la Villa Dueñas, la Villa Dueñas ha estado en el presupuesto la compra por $3.5 millones desde hace 3 o 4 presupuestos (de la Asamblea), y a la hora de hacer el negocio pagan $4.8 millones, mi pregunta, mi duda, a la que tengo derecho a hacer y dudar: ¿no será que con esos un millón trescientos mil que pagó demás se repartieron y buena parte le sirvió a Sigfrido Reyes para comprar allá en Acajutla (Sonsonate) y en Nuevo Cuscatlán?, pregunta lógica, no lo estoy acusando don Sigfrido, pero no puedo evitar la duda…”, cuestionó Valiente.
Se le consultó a Merino del PCN, y este dijo que el monto fijado para la Villa Dueñas fue el resultado de varios valúos que hicieron distintas empresas y entidades, una de ellas fue el ministerio de Hacienda, incluso mencionó que hubo valúos que la catalogaron en más de $5 millones.
Añadió que negociaron con el IPSFA hasta llegar al precio de $4.8 millones, y que la Asamblea era la única institución que hubiera podido cumplir con el requisito de respetar que del terreno la tercera parte es patrimonio cultural.
“A partir de esos valúos se hizo la negociación con el IPSFA. Se tuvieron a la vista varios valúos, y el IPSFA bajó hasta donde pudo bajarse, pero realmente son $4.8 millones, allí está el acuerdo”, afirmó.
También se le preguntó a Guillermo Gallegos, de GANA, pero dijo no recordar.