La Presidencia de la República debe quitarle el candado a la información sobre los gastos en viajes, publicidad y atenciones protocolarias porque no reúne los requisitos para mantenerla en reserva y porque con ello se está violentando un derecho ciudadano. Esa fue la esencia de la demanda que hizo ayer Transparencia Internacional Capítulo El Salvador (Funde-Alac) durante la audiencia oral realizada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El IAIP hizo pública la audiencia luego que Capres desistiera de su petición de celebrarla a puerta cerrada y en ella confrontó a Roberto Burgos y Xenia Hernández, de Funde-Alac, con el presidente Salvador Sánchez Cerén, representado por Pavel Benjamín Cruz y Javier Cruz, luego de la negativa de la Presidencia de entregarle información a Funde-Alac sobre costos de viajes realizados por el expresidente Mauricio Funes, su entonces esposa y comitivas.
Sánchez ratificó la reserva que puso Funes por 7 años a esa información, la de 7 años a gastos en publicidad y 5 años a datos sobre atención protocolaria de alimentación a funcionarios internacionales.
Funde-Alac apeló al IAIP y ayer, en la audiencia, insistió en que no hay fundamento legal para sostener esa reserva porque se trata de una información de naturaleza pública y oficiosa, según el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y que dicha medida impide una adecuada contraloría social del manejo de los fondos públicos.
Burgos dijo que se está restringiendo un derecho a acceso a información pública y que en vista de cómo se ha revelado el uso de viajes en la gestión anterior se necesita ejercer esa contraloría.
Javier Cruz coincidió en que la contraloría es necesaria pero que en casos como los gastos en publicidad “hay bienes jurídicos que pesan más que el derecho a la información”.
Adujo que existe un “grave riesgo” de que haya “colusión de precios” (daño a terceros) si se libera esos datos y que cuando la Presidencia haga futuros procesos de licitación de publicidad esa información generaría una ventaja indebida y lo que se busca es una igualdad de competencia.
Sobre los gastos de viajes y atenciones protocolarias, la Presidencia de la República volvió a argumentar que esa información afectará la seguridad nacional y la vida e integridad del mandatario, y que por eso han incluido dentro de las pruebas de descargo el informe de un perito.
Pavel Benjamín Cruz, quien además es el Oficial de Información de Capres, justificó que “no se está negando información de todos los funcionarios… sino solo del presidente y de la primera dama”.
Pero Funde-Alac dijo que desbloquear esos datos no tiene ninguna repercusión como las planteadas por la Presidencia, primero porque se está pidiendo gastos de viajes que ya fueron realizados no de futuros, y no están pidiendo planes o datos sobre protocolos de seguridad.
Y sobre los gastos en protocolos y atenciones, con saber estos datos no se “va a indigestar nadie”, alegó Burgos.
Burgos planteó, además, que el tema de los viajes realizados por el expresidente Funes están en el ojo público gracias a la libertad de prensa que se goza en el país pero que eso al parecer le “estorba” a la Presidencia de la República.
Javier Cruz le contestó que no estorba a Capres que se le pida información pública y pidió discutir la validez legal de la reserva, como un acto administrativo, no lo político.
Después de oír a las partes, el IAIP dio 24 horas más a la Presidencia para que complete información sobre el caso y anunció que su resolución la dará el lunes.