El Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel ordenó la prisión para seis acusados de haber participado en la muerte del exalcalde de Lolotique, Juan Antonio Hernández, cometido el 29 de noviembre de 2012.
Los procesados como autores materiales son: Luis Ernesto Parada Morejón, William Enrique Aparicio, Adelio de Jesús Silva Martínez, Gerson Salvador Ruiz Portillo y Mauricio Zelaya Cañas, según fuentes judiciales.
Además, Rosa Belis Cruz Jurado, compañera de vida de la víctima y supuesta autora intelectual, fue beneficiada con arresto domiciliar, según lo informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, informó a través de su cuenta en Facebook, que la juzgadora fue decretada “instrucción formal con detención provisional” (a la cárcel).
Según un testigo criteriado en el proceso de investigación, Cruz Jurado habría contratado a los sicarios para que mataran a su compañero de vida a efecto de poder reclamar algunas herencias. El proceso establece que hubo diferencias familiares y el supuesto lucro de una herencia.
La víctima fue alcalde de dicho municipio, durante dos periodos, con los partidos PDC y PCN. Fue asesinado el 29 de noviembre de 2012.
La autora intelectual y los presuntos homicidas fueron aprehendidos la noche del lunes, en un operativo realizado en San Miguel.
German Arriaza, jefe fiscal de la zona oriental, informó en ese momento, que la jueza y Hernández estaban separados definitivamente, desde mediados de 2012, porque tuvieron problemas familiares.
La juzgadora habría negociado con Luis Ernesto Parada Morejón, Adelio de Jesús Silva y Gerson Salvador Portillo pagarles $2,500 y darles una motocicleta a cambio de que cometieran el asesinato.
Sin embargo, se supo que los sicarios únicamente recibieron $1,500 por el encargo.
“Se obtuvo información de carácter pericial y testimonial que nos establece que la señora jueza hizo contacto con los miembros de la clica Sitios Locos Salvatruchos de la MS y les manifiesta el deseo de que le quitaran la vida al señor Hernández”, dijo Arriaza en aquel momento.
El delegado del Ministerio Público detalló que la supuesta intención de la funcionaria era apropiarse de los bienes materiales de su expareja.
De hecho, tras el homicidio de Hernández, la mujer inició un proceso en el Juzgado de Familia de San Miguel (llamado Declaratoria de Unión no Matrimonial) que la acreditaba a ella como única heredera del patrimonio que dejaba su excompañero de vida.
Las autoridades explicaron que aunque el proceso judicial estaba abierto, los bienes ya estaban a nombre de Cruz. No obstante, todavía no podían ser usados por ella hasta que el caso concluyera.
“En el allanamiento encontramos toda la documentación relacionada con las diligencias de la Declaratoria de Unión no Matrimonial, además de todas las diligencias en donde ella solicita la anotación preventiva y que todos los bienes de Hernández pasaran a favor de ella”, expresó Arriaza el martes pasado.
Entre las pruebas que tiene la Fiscalía contra los imputados está la declaración de dos testigos, además del análisis de llamadas telefónicas y bitácoras de las mismas. También se cuenta con la tramitación de la Declaratoria de Unión No Matrimonial.