El coronel retirado René Díaz, gerente general del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), afirmó que el proceso de negociación con la sociedad Terrein, del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y su asesor Byron Enrique Larrazábal, se basó en una política de fijación de precios diferenciada y que todo está en regla.
Esta última, según explicó, fue autorizada por el Consejo Directivo en el acta CD-46/2010 de fecha 1 de diciembre de 2010, cuando la institución era presidida por el general Francisco Salinas.
Además, luego inspección solicitada por Larrazábal ante el departamento de Planificación y Desarrollo Urbano de Nuevo Cuscatlán, el IPSFA avaló que el lote de mayor área se vendiera a $100.84 la vara cuadrada (V2), aunque el precio definido por el Consejo era de $120 V².
Esto, según Díaz, permitió que Reyes y Larrazábal se ahorraran $15,510.20 porque en una área del lote “se encuentra una pila de contención de aguas lluvias con un área de retiro de 153.81 V²”, indica la correspondencia que envió la comuna de Nuevo Cuscatlán a Larrazábal, que luego la entregó al gerente del IPSFA.
“Todos los ciudadanos tienen derecho a tener empresas. Se trató de un caso especial que la institución tenía que aprovechar”, afirmó Díaz, quien realizó la negociación con Larrazábal.
El funcionario también informó que los otros terrenos se vendieron a $120 V², aunque el precio mínimo se había fijado en $118.85 V².
Además confirmó que fue una compra “al contado” y que el precio global en el que se cerró la venta ($440,501.01) garantizaba un margen sobre costo del 60 % y sobre el precio de venta del 37.5 %. “Esa es una rentabilidad muy aceptable a corto plazo”, dijo Díaz.
Al ser cuestionado sobre el supuesto pago de entre $45 y $65 menos por v², según la publicación de La Prensa Gráfica, el gerente negó la nota periodística y aseguró que Reyes nunca participó en la negociación.
Sin embargo, reconoció el descuento de $15,510.20 y que la decisión contó con el aval del Consejo Directivo, algo que está reflejado en el acta CD-02/2014 donde se conoció la correspondencia de Nuevo Cuscatlán.
“Todas estas decisiones contaron con el aval de las jerarquías del IPSFA. Cualquier persona puede negociar una parte del terreno que no se puede urbanizar y pedir un descuento, eso no es impedimento, no va en contra de las leyes”, agregó Díaz.
Sobre la investigación que ya inició la Fiscalía General de la República (FGR), Díaz dijo que están en la disposición de colaborar en las pesquisas, aunque dijo que todos los procedimientos se han realizado según la ley de la institución.
“El Fiscal puede averiguar, puede indagar, nosotros no nos vamos a oponer”, puntualizó.