Una resolución de la Superintendencia de Competencia (SC), emitida en junio, no le deja lugar a dudas a la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder) de que esa y otras entidades del gobierno quieren perjudicar a las radiodifusoras y televisoras independientes y favorecer a las llamadas “radios comunitarias” y medios afines al oficialismo.
Esta es la conclusión que expone el representante legal de la gremial, el abogado Luis Chávez, después de revelar la resolución de la SC que, a su juicio, “adelanta criterio” para desfavorecer e incluso no renovar la concesión a las radiodifusoras privadas, en beneficio de medios que son afines o abiertamente ligados al partido oficial FMLN y con el pretexto de “democratizar las comunicaciones”.
A su juicio, esto no es una maniobra solo contra las televisoras y radios privadas, como se podría pensar, sino contra la libertad de expresión y el derecho de elegir y estar debidamente informado de cada uno de los salvadoreños.
El documento, según el especialista del Derecho, habla de realizar conjuntamente con SIGET un estudio sobre el sector y revisar la regulación relacionada a la concesión del espectro, proponiendo entre otras cosas:
—Que quienes actualmente son titulares de una concesión no participen en nuevos procedimientos de subasta en el futuro.
—Que el procedimiento para otorgar la concesión incluya otros criterios distintos a la mayor oferta económica para decidir a quien se adjudica.
—Reducir los plazos de la concesión.
—Eliminar las prórrogas automáticas de las concesiones.
—Incluir la figura de “proveedor importante” —actualmente que opera solo en telefonía— a la regulación de televisión.
Chávez explica que la resolución fue emitida después que curiosamente se los pidiera el extitular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), Ástor Escalante, el mismo que autorizó la reasignación del canal 37 en el 11 en un proceso exprés que ha sido cuestionado y anulado por la Junta de Directores de la misma Siget, pero que está en revisión en la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia.
El abogado dice que la SC emitió una resolución con siete criterios, aunque antes había admitido que no conoce ese campo de la comunicación.
Ahora, la SC ha traído a un argentino para que haga un “estudio” o evaluación de los medios, pero intentando conocer detalles confidenciales como cuánto facturan los medios y otros.
Chávez señala que hechos como estos ponen en tela de duda la credibilidad del estudio que realiza la Superintendencia de Competencia.
“Nos preocupa mucho porque un estudio del sector debería llevar a recomendaciones, no al revés, adelantar un criterio, y posteriormente abrir un estudio que va a tener récord de duración para concluir esto (criterios de la SC). A mí no me cabe duda que en esto va a concluir”, sostuvo el abogado.
El Diario de Hoy buscó a la asistente de comunicaciones de la Superintendencia de Competencia, Karla Chinchilla, para conocer la postura de la institución sobre el tema, pero se limitó a dar un comunicado emitido en junio.
En el mismo, la SC advierte que “el régimen jurídico del proceso de contratación de las concesiones del espectro radioeléctrico carece de mecanismos para efectuar una evaluación de las condiciones de competencia”, y agrega que la SIGET le pidió opinión sobre el tema para examinar “los potenciales riesgos” de adjudicar el espectro radioeléctrico a uno de los concesionarios existentes.
Asimismo, el comunicado de la SC señala que es necesario realizar reformas a la ley de telecomunicaciones a fin de que exista una adecuada “regulación de las condiciones de acceso al mercado”.
Por otra parte, el abogado de la Asder sostuvo que la SC tiene previsto concluir el estudio en seis meses, tiempo mucho menor, según el abogado, en relación con otros estudios que la institución realiza y que le llevan, al menos, un año y medio.
“Conocíamos anoche, en una entrevista de boca del superintendente, que este estudio iba a 24 semanas, lo cual es un récord porque ninguno de los estudios que ha hecho en su mandato ha durado tan poco. Un tema tan sensible no puede ser abordado tan rápidamente por sacar el trámite”, señaló.
Aseguró, además, que la preocupación de las radios asociadas a la Asder no radica en sus procedimientos internos, sino “por la manera como se está manejando” en la SC.
Por otra parte, Chávez sostuvo que la SC está buscando favorecer a las radios comunitarias. Señaló que hay antecedentes sobre eso, en el anteproyecto de ley de cultura, donde se establece que las radios se plieguen a los planes de comunicación del Estado recibirán financiamiento.
“Eso es peligrosísimo, es peligroso que un medio reciba dinero del gobierno no solo en publicidad. Es peligroso porque el que pide el mariachi, paga la canción”, explicó.
Eso, a su juicio, genera inestabilidad a las radios independientes y, por ende, a la libertad de expresión, en vista de que las leyes ya regulan lo relativo a su actividad.
Reunión con relator
Representantes de medios radiales y televisivos se reunieron ayer con el relator de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, a quienes expresaron su preocupación por las acciones que ha emprendido al gobierno en detrimento de los medios de comunicación independientes.
De acuerdo con el Vicepresidente Legal de Telecorporación Salvadoreña (TCS), Carlos Aguilar, en el encuentro mostraron su punto de vista sobre la asignación del canal 11 al canal 37, por parte de la SIGET.
Lanza, por su parte, dijo que la OEA no está en favor en acciones como las que denuncian Asder y las televisoras. “No estamos promoviendo la asignación arbitraria o la asignación sin proceso”, señaló.