La constructora Norberto Odebrecht, una de las mencionadas en el reciente caso de corrupción de la estatal brasileña Petrobras, fue precalificada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para continuar con la construcción de la presa El Chaparral, un proyecto por el que se pagaron $108.5 millones, pese a que fue dejado a medias durante el gobierno del expresidente Funes.
En dicho proceso, que se realizó en agosto y diciembre de 2013, la autónoma buscaba “potenciales ofertantes” para reanudar los trabajos abandonados por al compañía italiana Astaldi en 2010.
Poco antes, un segundo diseño de la central fue concluido a un costo de $5.7 millones por la consultora Intertechne, también brasileña, la misma que hizo primer diseño que fue descartado.
Además la firma Queiroz Galvão, que ha sido ligada por la fiscalía brasileña al esquema de sobornos entre terceros y Petrobras, formó parte del mismo proceso de precalificación, aunque al final desistió de presentar la documentación a CEL, según informó Funes a mediados de marzo, cuando fue interrogado al respecto y confirmó a Odebrecht y la empresa Sinohydro Corporation, de capital chino.
En cuanto a Queiroz Galvão, que ejecuta la expansión de la central 5 de Noviembre a un monto de $189 millones, las autoridades mantienen detenido a su presidente, Ildelfonso Colares Filho, a quien ya se le congeló y embargó cuentas personales.
Mientras tanto la policía federal de Brasil allanó el pasado viernes la casa de Márcio Faria, presidente ejecutivo de Odebrecht, quien no fue arrestado pero sí será interrogado acerca de los proyectos que tenía bajo contrato con Petrobras y los montos al respecto.
En este sentido, la principal acusación sobre Odebrecht y Queiroz Galvão es haber inflado los costos de trabajos realizados para Petrobras, lo cual permitió tejer una red de sobornos y lavado de dinero que transfirió cientos de millones de dólares de la petrolera a los bolsillos de empleados, contratistas y políticos, indican los informes preliminares del Ministerio Público brasileño.
También se ha señalado a las constructoras Camargo Corrêa S.A. y Constructora OAS, que tienen presencia en varios países de América Latina, luego de ganar contratos para la construcción de infraestructura vial y de generación de energía hidroeléctrica.
El Diario de Hoy publicó a finales de marzo, con información de agencias internacionales de noticias, que la compañía Odebrecht fue señalada de entregarle al ex presidente de Perú, Alan García, una “donación” de $833,000 para la construcción de un monumento. A cambio otorgó una licitación para la construcción de uno de los principales tramos del tren eléctrico de Lima, lo que se vinculó a varios acuerdos políticos.
Asimismo, fue expulsada de Ecuador por varias fallas de ingeniería en la construcción de una presa hidroeléctrica. Incluso el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajó hasta Quito para protestar por la medida ante su homólogo Rafael Correa.
Para la precalificación, CEL solicitó a Odebrecht y Queiroz Galvão diferentes documentos a los interesados en llegar hasta la fase de licitación, con el propósito de conocer detalles de la compañía, además de registrar la experiencia acumulada en construcción de presas. Además, las empresas tenían que presentar balances financieros auditados del año fiscal 2012 y 2013, la escritura pública de constitución y otros documentos relacionados.
Los principales detenidos en este caso son el exdirector de servicios de Petrobras, Renato Duque; el presidente de Constructora OAS, José Aldemario Pinhiro, y su homólogo de la firma Camargo Correa, Dalton dos Santos Avancini.
Todas las detenciones llegan luego de que, en marzo, la Policía Federal arrestó al exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, quien, a cambio de una reducción en su condena, divulgó más detalles de la trama, sobre todo el supuesto pago a políticos del Partido de los Trabajadores (PT) desde 2003, año que llegó el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, informaron las autoridades federales.
A la fecha las actuales autoridades de CEL, encabezadas por David López Villafuerte, no han confirmado si la precalificación que dejó el ex presidente de la autónoma, Leopoldo Samour, será tomada en cuenta para continuar el proyecto, luego de las investigaciones que realiza la Fiscalía General con geólogos en el lugar.