El atraso de pago de alquileres no es nuevo en la Policía Nacional Civil, pues al revisar en su historial se halla una serie de reclamos de varios proveedores.
En abril de este año, algunos arrendatarios denunciaron que la corporación les adeudaba entre tres mil y 20 mil dólares, en concepto de seis meses de alquiler de edificios para el funcionamiento de delegaciones, subdelegaciones, puestos policiales y oficinas administrativas.
Muchos de los arrendatarios de la Policía son personas de la tercera edad, jubilados o pensionados, quienes para ayudarse en sus gastos han alquilado sus inmuebles a la institución, confiando en que, al ser autoridad, darán ejemplo de puntualidad en el pago de sus obligaciones.
Los proveedores de la Policía han manifestado que la situación se les ha complicado porque para ofrecer un servicio de calidad, han realizado mejoras como cambio de pinturas, reparaciones de paredes, de piso, techo y sistema eléctrico, entre otros, no con sus recursos sino con préstamos que han sacado del sistema bancario y están pagando intereses.
La indagación sobre el impago a proveedores de inmuebles no incluye a prestatarios de bienes y servicios, así como de servicios de electricidad, agua y telefonía.