El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) incorporará la opinión de pandilleros y familiares de estos en las propuestas que elaborarán para final de este año, como parte de los planes que en esa materia deberá entregar y para lo cual fue creada a iniciativa del Gobierno central.
Miembros de este Consejo explicaron que la idea de incluir a estos grupos delictivos surgió de las iglesias, para evitar “círculos de venganza”, entre estas agrupaciones.
El representante de la Iglesia Católica, el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, manifestó que platicaron dentro del CNSCC de que si se iba a dialogar tenía que ser con todos y dar oportunidades, pues unas de las causas del problema son precisamente la marginación, falta de oportunidades y de inclusión.
“Nosotros vamos a tener como clave la familia, en cada parroquia, de ahí vamos a partir. La tregua partió de las cúpulas, de acuerdos con los dirigentes o líderes, la Iglesia va a partir de la base… de la familia que tienen miembros que están en esta cosa. Ahí vamos a comenzar y la Iglesia está en todos los rincones del país, es compromiso de cada párroco de cada obispo hasta donde se pueda llegar”, expresó Rosa Chávez sobre el rol de la Iglesia católica en la consulta.
Agregó que no ignora que esa situación es difícil y tienen que recorrer un “camino muy empinado, muy lleno de dificultades”, pero si no lo hacen se tiene el riesgo de llegar a una situación totalmente insoportable.
El obispo auxiliar hizo hincapié en que el método va a ser distinto al que se usó en la experiencia anterior de la tregua, en donde asegura se partió de un acuerdo con las cúpulas de las maras.
El representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Roberto Valent, explicó que el involucramiento de victimarios, y también de víctimas, en el marco del diálogo es algo que hay que afinar. Pero antes de todo, señala que la inclusión de estos grupos es a nivel territorial, cuando se realice la consulta en las comunidades y también a nivel de las prisiones.
“Entonces, esto es sumamente importante. Afuera hay que dialogar con todos, no se pueden dejar a los jóvenes afuera de esto, incluso los jóvenes que están en condiciones de riesgo y que se han integrado a pandillas. El tema es dialogar no negociar”, dijo.
Detalló que hay puntos indiscutibles como la aplicación de la ley cuando estos grupos han cometido delitos.
En la agenda de labores del Consejo, se establece como sector a consultar a los victimarios.
En primer lugar se establece hacer la consulta en penitenciarías donde están recluidos hombres, el siguiente es donde están internas las mujeres, en un tercer grupo se contempla el de jóvenes en proceso de inserción social y finalmente a los familiares de reclusos.
La consulta incluirá a las víctimas, el sector informal, representantes de sectores formales como la Cámara de Comercio, grupo de agricultores, sectores de transporte de carga y de transporte de pasajeros.
También serán consultados los sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, centros educativos y ONG del sector justicia y seguridad.
En tanto, gremiales del sector privado y que integran la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) no están a favor de que se incluyan a las maras en el trabajo; explicó Arnoldo Jiménez, representante de ese sector en el CNSCC. Sin embargo, afirmó que han aceptado apoyar esa posición.
“Tenemos la idea que El Salvador les pertenece a los salvadoreños honestos y que debemos recuperar a nuestro país pero hay otros que piensan que no, que El Salvador les pertenece a las maras delincuenciales y que hay que mantener una comunicación con las maras… (sin embargo) vamos a escuchar esa posición que en este momento nosotros no compartimos ni entendemos”, dijo Jiménez.
Al ser consultado al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Benito Lara se limitó a decir que “habrá que preguntarle a los miembros de la comisión”.
Sostuvo que la referida comisión está promoviendo un “esfuerzo de consulta con distintos sectores”, para lo cual se han creado cinco comisiones técnicas donde están representadas instituciones del Estado, empresa privada, sector religioso y la cooperación internacional.
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia fue presentado públicamente el 29 de septiembre por el presidente Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo, ya antes esta estructura se habían estado reuniendo para afinar detalles para su funcionamiento.
Está integrada por aproximadamente 70 miembros que representan al Gobierno central, empresa privada, iglesias, sector municipal, Órgano Judicial, medios de comunicación y organismos internacionales. (Ver más detalles en nota aparte y recuadro)
Tras varias sesiones en Casa Presidencial para definir la logística, los miembros acordaron trabajar en siete mesas de trabajo, cinco de ellas que corresponden respectivamente a las políticas de seguridad y convivencia ciudadana: Una más es para los medios de comunicación y la otra que trabajará en el marco financiero.
La primera política es la prevención de la violencia y la delincuencia; la segunda es del control y represión del delito y la violencia; la tercera es sobre rehabilitación y reinserción social; la cuarta trata sobre el programa de atención a víctimas y la última es sobre el fortalecimiento de la institucionalidad.
El obispo Rosa Chávez manifestó que cada mesa va a dar un producto del tema o política que le correspondió. Añadió que son temáticas que corresponden a los ejes del plan de seguridad del Gobierno.