Siete exfuncionarios acusados de peculado (apropiarse de recursos públicos) en el caso Cel-Enel, llegaron ayer al Juzgado 7º de Instrucción de San Salvador a firmar(como parte de las medidas dictadas por el Tribunal), pero además para proponerle al juez un perito o especialista en Geotermia (energía a base de calor).
La petición de los procesados se sustenta en el principio del “balance legal” en el proceso que se sigue contra ellos, pues en septiembre, a petición de la Fiscalía, el juzgador juramentó a Jorge Alvarez Silva, especialista en el tema.
El experto fue nombrado para contribuir con la Fiscalía en la investigación financiero- contable, “la cual a nuestra consideración se ha venido mutando al someter a verificación aspectos estrictamente técnicos de la geotermia”, indican los exfuncionarios.
Agregaron que luego de analizar las líneas de investigación o pericias solicitadas por la Fiscalía, se ha llegado a la conclusión que “los temas de pericia requieren de la experiencia de personas especialistas en el tema, que se sumen al equipo de peritos ya existentes”, reza el escrito presentado al juez.
De no hacerlo, “habría una inclinación hacia nuestra indefensión, al no haber ningún especialista que haga contrapeso (equilibrio) al perito del Consejo Nacional de Energía juramentado el 25 de septiembre.
En ese sentido, los procesados en su escrito proponen al juez, que con la mayor brevedad posible, incorpore al especialista Raúl Alberto Sánchez, de nacionalidad mexicana, para que ejerza el derecho de defensa material a su favor.
El profesional sugerido es un ingeniero mecánico electricista con especialidad en geotermia, de quien se adjuntas todas sus credenciales que lo certifican como tal.
La idea de los señalados es que el experto ayude ha esclarecer los aspectos técnicos y especiales de la indagación que se realiza.
Pedro Escalón, uno de los señalados en este proceso, afirmó que con esta propuesta se garantiza un derecho constitucional que los ampara.
“Lo que buscamos con el perito que recomendamos es ofrecer recursos de apoyo para balancear la situación”, afirmó Escalón.
Por su parte, Miguel Lacayo afirmó que la recomendación del especialista surge, a partir de que Fiscalía o ente acusador, incorporó un perito técnico para realizar un análisis financiero-contable.
“Consideramos que era importante balancear la cancha y que hubiera un perito técnico tal como el presentado por los acusados”, puntualizó Lacayo.
Agregó que su presencia ayer en el Tribunal, obedecía a la imposición de la Jueza 7º de Paz de presentarse cada 15 días. “Este caso, es sin duda un atropello legal porque la Fiscalía tiene un año de haber ingresado este proceso a los Juzgados y no ha presentado ninguna prueba a la fecha”.
“A mi juicio hay un proceso en el cual no hay ninguna prueba contra los imputados y particularmente en contra de mi persona. Tenemos un año de pérdida de tiempo y de recursos al Estado”, concluyó.