La Policía ha decomisado 2,862 armas de fuego en el período del 1 de enero hasta el 6 de octubre de este año, lo que ha significado un aumento del 11 por ciento con relación al año pasado.
El informe detalla que entre las armas decomisadas se encuentran 509 armas largas, entre escopetas, fusiles y carabinas.
Al detallar los decomisos de las armas largas, el informe policial señala que las patrullas policiales han incautado 320 escopetas, 163 fusiles de todo tipo, y 26 carabinas.
La mayor parte de las escopetas y fusiles se las han decomisado a las pandillas en distintos procedimientos, ya sea porque sorprendieron a los pandilleros cuando las transportaban de un lugar a otro y también después de haberse enfrentado a balazos con los policías. Incluso se han descubierto dos tatús a las pandillas (ver nota aparte).
También el informe policial detalla el decomiso de 1,291 pistolas y 934 revólveres, 16 subametralladoras y 17 granadas fragmentarias.
La mayor parte de los decomisos de armas ha sido en el área metropolitana de San Salvador, en la zona Paracentral, y los municipios de Quezaltepeque, San Juan Opico, y Lourdes, Colón; La Libertad; que son lugares con altos índices de homicidios por el momento.
Fuentes policiales explicaron que hay un 11 por ciento de aumento de los decomisos de armas con respecto al año pasado.
Se ha determinado que buena parte de los fusiles y pistolas que les han sido incautadas a las pandillas han sido usadas para cometer homicidios y otros hechos delictivos.
En algunas oportunidades, una sola arma ha sido utilizada por los pandilleros para cometer varios homicidios en distintos lugares del país, explicaron las fuentes policiales.
“Estas armas son sometidas a un rastreo y a un análisis de balística para determinar si se han utilizado en otros delitos”, dijo Mauricio Ramírez Landaverde, director de la Policía.
La mayoría de este armamento incautado a los grupos pandilleriles es ilegal, ya sea porque se las han robado o porque las han comprado en el mercado “negro” de armas de fuego, explicaron las fuentes policiales.
Recientemente, Ramírez Landaverde dijo que todas las armas que se decomisan son sometidas al rastreo en el que se establece su procedencia y se ha determinado que “algunas corresponden a inventarios de la Fuerza Armada, otras a empresas de seguridad, y unas más han ingresado ilegalmente al país; el mercado ilícito se abastece de armas que son robadas de la institución o a particulares”.
Reconoció en julio pasado que los grupos criminales como las pandillas se han estado abasteciendo de armas de fuego del mercado negro internacional para después ingresarlas ilegalmente al país.
“Es un hecho que el crimen organizado está bien armado. Lo vemos cuando hacemos los decomisos de armas… Varias se las hemos incautado cuando las están usando”, dijo Ramírez Landaverde en su oportunidad.
Mayoría de armas proceden de EE. UU.
El ministro de Defensa David Munguía Payés explicó que el 60 por ciento del armamento que circula en El Salvador y en la región centroamericana proviene de forma ilegal de Estados Unidos, según los informes de las distintas agencias federales estadounidenses.
Señaló que “hay armas que todavía datan de la época de los años 80 cuando teníamos el conflicto armado”.
Aún cuando la Fiscalía y la Policía señalan que un buen número de las armas de fuego decomisadas le han sido robadas a la Fuerza Armada, Munguía Payés sostiene que en la institución armada solo se han extraviado 16 fusiles en los últimos seis años.
Aclaró que en un principio se tenía que eran 18 armas largas extraviadas, pero luego se recuperaron dos, aunque después se perdieron cuatro ametralladoras de grueso calibre (M-60).
Munguía Payés explicó que los dos países vecinos del Triángulo Norte han perdido mucho más armamento que en el país.
Aseguró que en uno de los países vecinos, sin revelar el nombre, han extraviado 10,000 armas de fuego y en el otro se registró el robo de 2,500 armas.
“Esas armas pudiesen andar circulando en el área centroamericana”, dijo Munguía Payés. Agregó que “Centroamérica como que se ha convertido en el territorio donde fluyen los tráficos de armas que vienen del Norte y que vienen del Sur”.
La Fiscalía General tiene una investigación abierta contra varios altos jefes militares, entre ellos el exministro Munguía Payés y el exdirector de la Policía Francisco Salinas; por un supuesto comercio ilegal de armas de fuego.
Sin embargo, hasta el momento se desconocen los avances de esas investigaciones por parte de la Fiscalía.
En los últimos cuatro años, la Fiscalía ha judicializado ocho casos de robo y hurto de armamento y explosivos de los almacenes de la Fuerza Armada y en los cuales ha acusado a por lo menos 15 militares, entre oficiales y soldados. Entre el armamento robado al ejército figuran fusiles M-16 y AK-47, pistolas, granadas de diferentes tipos y hasta ametralladoras M-60.
Uno de los casos que se conoció públicamente fue el robo de 1,812 granadas que serían destruidas, pero que se supone fueron vendidas al grupo criminal de Los Zetas. Por este caso son procesados siete militares en los tribunales.